La finalidad última de la actividad económica es elevar el bienestar de los consumidores. El ahorro, la inversión, los procesos productivos y los mecanismos de distribución están subordinados a esa finalidad fundamental o, por lo menos, así debería suceder.

Esta jerarquización de objetivos la entiende hasta el economista con la preparación más superficial. Pero, al parecer, el gobierno del Distrito Federal carece de economistas con apenas esa preparación o no les hace caso si los tiene.

Un mayor bienestar de los consumidores se consigue con tres cosas: con precios más reducidos para los bienes y servicios que consumen, mayor calidad de éstos y con una variedad más amplia de satisfactores.

Las autoridades del Gobierno del Distrito Federal (GDF) parecen no conocer estos principios básicos de la economía. A juzgar por la norma 29, que prohíbe que cerca de los mercados populares se establezcan tiendas de autoservicio o de conveniencia, el bienestar de los consumidores los tiene sin cuidado.

O a lo mejor el asunto es mucho más perverso. Quizá lo que el regente Ebrard y sus huestes únicamente buscan es el apoyo político que les pueda brindar el gremio de los locatarios de los mercados, que están organizados corporativamente y seguramente dispuestos a la movilización.

La prohibitiva norma 29 sólo operará en las zonas marginales de la ciudad de México, que es donde residen los ciudadanos más pobres. Así que ese contubernio prohibitivo no puede tener un resultado más regresivo.

Los habitantes más ricos del DF pueden comprar barato mientras los más pobres sólo podrán hacerlo caro y con menor calidad. Ya lo decía sabiamente mi abuelito: El dinero de los pobres va dos veces a la tienda .

Ante el clamor crítico que ha despertado la norma 29, lo mejor que se les ha ocurrido a las autoridades del GDF es lanzar al ruedo del debate a la consejera jurídica, la abogada Leticia Bonifaz. Su desempeño en la arena pública ha sido muy poco convincente por no decir lamentable.

No ha entendido nada esa miope funcionaria y por lo tanto tampoco ha podido explicar la racionalidad de la norma 29. En suma, ha desdeñado que con el bienestar del pueblo no se juega, aunque reciba órdenes de sus superiores en el GDF. ¡Apuesto a que no contesta!

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