Los últimos siete días han sido de los más intensos en las últimas décadas del país (peruano), y como resultado, dos personas dejaron el cargo de presidente de la República con apenas seis días de diferencia.

El proceso se inició con la vacancia de Martín Vizcarra y luego la renuncia de Manuel Merino. Cuando Vizcarra aceptó su vacancia, desde estas líneas señalamos que “las protestas ponen de manifiesto que, si bien su Presidencia es legal, su legitimidad está en cuestión”.

Los lamentables sucesos del fin de semana han puesto en evidencia que la legitimidad tiene más valor que la legalidad en más de una ocasión.

Un factor clave en toda esta crisis han sido los jóvenes. Las marchas de los últimos días —que tanto los ministros del Gabinete Flores-Aráoz como el propio Merino de Lama buscaron no solo minimizar, sino que incluso señalaban que eran organizadas por movimientos subversivos— si bien lograron su cometido, costaron la vida de dos jóvenes, cientos de heridos, incluidos policías, y aún varios civiles desaparecidos. Estos hechos que lamentamos deberán generar responsabilidades políticas y también penales de quienes estaban a cargo del país en ese momento, pues las acciones que acabaron con la vida de dos personas no tienen ningún tipo de justificación.

Algo que se debe rescatar de lo vivido los últimos días es la decisión de la población de ejercer su derecho a participar en la vida política, y lo han hecho no solo los jóvenes a través de las marchas sino incluso ejecutivos, gerentes de empresas y gremios empresariales (a través del #De a pie). Es saludable que todo ciudadano se pronuncie y participe en el debate de los temas de interés nacional. A partir de ahora se espera que los ejecutivos y los gremios sigan a tono y sean más directos en sus pronunciamientos, como algunos de ellos lo han sido ahora y no solo para las acciones del Gobierno sino también del Parlamento.

Un Congreso que el domingo demostró que continúa sin entender al país. A pesar de las marchas y los reclamos de todos los sectores de la población, el Parlamento parece mirar hacia otro lado. Primero le costó varias horas poder armar una lista de consenso para asumir la Mesa Directiva. Como si el esfuerzo de la ciudadanía no fuera importante, los intereses políticos fueron los que primaron en las negociaciones que finalmente terminaron con la propuesta de Rocío Silva Santisteban como presidenta del Congreso y Francisco Sagasti como primer vicepresidente. Sin embargo, en una actitud incomprensible, en primera votación está mesa solo consiguió 42 votos a favor y por consiguiente la propuesta no fue aprobada.

Las lecciones que deben quedar de estos luctuosos días es que a los ciudadanos les corresponde hacer un voto responsable. Los procesos de investigación que se siguen contra varios congresistas no se iniciaron luego de su elección sino antes y aun así fueron seleccionados por sus agrupaciones políticas y elegidos por la población. Corresponde estar más informados antes de votar. Por su parte, las agrupaciones políticas deben aprender que tan importante como la legalidad es la legitimidad. No se puede escuchar a la ciudadanía solo cada cinco años y —aun cuando se resistan— la tarea del siguiente Parlamento deberá ser abocarse a una verdadera reforma política —más allá de comisiones presidenciales— para que tanto los parlamentarios como el presidente representen de una mejor manera a la ciudadanía.

Si bien lo más importante es el respeto a los derechos de la población y la lucha contra la corrupción, no se puede soslayar que lo sucedido en los últimos días tendrá también fuertes consecuencias económicas. Si ya los resultados de este año se han visto afectados por la pandemia, ahora se corre el riesgo de que las proyecciones al 2021 no se cumplan, por la crisis política.

Es lamentable que la mezquindad política del Congreso mantenga al país en vela a la espera de sus acuerdos bajo la mesa.

@Gestionpe