El desaire presidencial a la sociedad civil organizada se ha manifestado en estos tres años con descalificaciones, ataques, acusaciones sin fundamento y ahora con una reforma a la Ley del ISR que elimina la excepción que permitía a personas físicas y asociaciones civiles promover el desarrollo sociocultural del país. La propuesta disminuirá las deducciones que podían obtener los donantes y tendrán que pagar más impuestos o destinar sus recursos a otras actividades. Esto desincentiva la donación a instituciones que realizan actividades en estos rubros mediante la modalidad de donatarias autorizadas.

Hay que ver el estudio del Cemefi y la Cuenta Satélite del INEGI para dimensionar las donaciones en hogares provenientes de organizaciones sin fines de lucro, así como las transferencias de bienes y servicios. El sector cultura y recreación reporta un importante empleo de personal, remunerado o como trabajo voluntario. Algo que ayuda al maltratado sector cultural, donde el gobierno ha eliminado instrumentos financieros, ha desestimado la política de estímulos fiscales y ha cambiado las reglas de operación centralizando las decisiones a modo.

Hoy más que nunca el sector cultural necesita de la concurrencia del Estado, la iniciativa privada, personas físicas y sociedad civil. La deshilvanada propuesta del gobierno federal en esta materia reconoce, en el apartado “Economía cultural” que la creación es un impulso innato que se extingue por falta de estímulos: “para reactivar nuestra economía cultural, tenemos que apoyar a nuestros creadores”. En el rubro titulado “Participación privada”, señala que galeristas, teatreros, promotores, libreros y muchos otros empresarios de la cultura, no encuentran esquemas fiscales y financieros propicios para crecer: “Trabajaremos de la mano de la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Economía para diseñarlos”. Han hecho lo contrario.

Cabe señalar que esta modificación a la Miscelánea fiscal es contraria a lo establecido en el artículo 25 constitucional. Corresponde al Estado, nos dice, la rectoría del desarrollo nacional integral, sustentable democrático (…), mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico, el empleo y una justa distribución del ingreso y la riqueza, que permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad tiene protección constitucional. La competitividad, dice, se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.

Es contraria a la planeación, conducción, coordinación y orientación de la actividad económica nacional, que dice debe llevar a cabo el Estado, mediante la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de la libertades constitucionales. Sostiene que: “Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación”. También es contraria al sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que establece el artículo 26 y a las libertades constitucionales.

Ejemplo, el derecho de libertad de asociación consagrado en el artículo 9º constitucional. Derecho que implica la posibilidad de que cualquier individuo pueda establecer, por sí mismo y junto con otras personas, una entidad con personalidad jurídica propia, cuyo objeto y finalidad lícita sea de libre elección. Un derecho constitucional y convencional. Véase el artículo 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; todas las personas, dice, tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole, cuyo ejercicio solo puede estar sujeto a las restricciones previstas por las leyes que sean necesarias en una sociedad democrática. ¿Y para qué se asocian las personas? Para auxiliar al Estado y llegar a donde no puede, o no quiere llegar. Lo mínimo que podrían tener son condiciones de desarrollo.

La Ley General de Cultura y Derechos Culturales, en su Título Cuarto, “De la participación social y privada”, plantea que los distintos órdenes de gobierno promoverán la participación corresponsable de la sociedad en la planeación y evaluación de la política pública. Que la Secretaría celebrará los convenios de concertación para su ejecución e impulsará una cultura cívica que fortalezca la participación de la sociedad civil en los mecanismos de participación. En el Capítulo II del citado ordenamiento, “De la participación del sector privado”, dice que los distintos órdenes de gobierno promoverán y concertarán con los sectores privado y social los convenios para la investigación, conservación, promoción, protección y desarrollo del Patrimonio Cultural; y que la Secretaría celebrará los convenios de concertación entre autoridades y los sectores privado y social, para promover y fomentar la importancia de la participación de los diferentes sectores de la población en la conservación del patrimonio cultural.

Obstaculizar la concurrencia armónica entre el sector privado y la sociedad civil que mandata la Constitución, tendrá un impacto negativo en el desarrollo sociocultural del país. Veremos qué decide el Senado.