La mejora regulatoria o better regulation hace referencia a la calidad de las disposiciones reguladoras de un país, especialmente a por cuánto hace apertura y funcionamiento de empresas y atracción de empresas.

En México, no somos primerizos en el tema. Desde Ernesto Zedillo, se creó una Comisión para la Simplificación Administrativa en el gobierno federal, que de hecho estaba insertada de manera informal en la Administración Pública. Varios años después se reformó la Ley Federal de Procedimiento Administrativo para establecer dichos principios en la referida Ley y crear la todavía denominada Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Cofemer), con el objeto de crear un órgano que revisase los trámites relacionados con apertura y funcionamiento de empresas y los simplicase, de acuerdo con principios de transparencia, proporcionalidad y menor afectación a los regulados. Esto se concretó en las MIR (Manifestaciones de Impacto Regulatorio), que debían venir anexas a cualquier procedimiento regulatorio federal. Adicionalmente, se creó un Registro Federal de Trámites empresariales y se trabajó de cerca con gobiernos estatales, en parte con mayor éxito, en ocasiones con menos. A veces la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) emitía su opinión respecto al efecto que pudieran tener disposiciones regulatorias federales o proyectos de ley y su impacto en la libre concurrencia y competencia. Ahora estas facultades las tiene en su parte agrupadas la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

Lo que más se ha dificultado es incluir los trámites fiscales (que son los que tienen mayor incidencia para las empresas), incorporar a la Cofemer en una posición más alta en la pirámide administrativa y ponderar el precio que suponen las regulaciones, no para cualquier empresa, sino para las pequeñas y medianas empresas.

En el actual sexenio, la Cofemer comenzó con mucho empuje con Virgilio Andrade. Poco después fue sustituido por Mario Emilio Gutiérrez, que ha hecho un buen trabajo al respecto, con menos presupuesto y trabajando muy de cerca con las entidades federativas y los municipios. Ahora está en camino, en virtud de que se incorporó la mejora regulatoria como obligación del Estado Mexicano, una Ley General de Mejora Regulatoria, que en términos generales es positiva y que le ha tocado defender al titular de la Cofemer contra viento y marea. Por eso, al margen de cómo terminen las elecciones y quién gane en la Ciudad de México, esperamos que dicha ley sentará la cultura de la mejora regulatoria a nivel nacional, que es una precondición para dar el paso de un país de factores a otro de inversión según el economista Michael Porter (La ventaja competitiva de las naciones, Vergara, 1991) y que tiene especial importancia en naciones como México, donde en el subconsciente prevalece el incumplimiento de la ley y su sospechosismo ante su promulgación. Y el papel que ha jugado la Cofemer para mantener el tema en la agenda nacional ha sido una gran tarea de Mario Emilio.

Lo que esperamos que no suceda es que el tema se abandone en el rincón de los recuerdos, cuando su necesidad ha sido señalada por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, confirmada por muchos estudios económicos, y se trata de una materia en la que México ha ido en relativo avance. Como dijimos, ojalá no se estanque para que la labor de toda la Cofemer durante este sexenio no haya sido en balde.

*Máster y doctor en Derecho de la Competencia, profesor investigador de la UAEM y socio del área de competencia, protección de datos y consumidores del despacho Jalife& Caballero.