Las autoridades electorales han resuelto diversos casos sobre supuesta propaganda indebida en medios de comunicación, modificando o pasando por alto el contenido y alcance de la Constitución, de las resoluciones de la Suprema Corte y hasta de los más elementales principios generales de Derecho. Uno de los ejemplos más claros es el caso de CB Televisión, a quien el Instituto Federal Electoral (IFE) sancionó con una multa de aproximadamente 308,000 pesos por, supuestamente, violar el principio de equidad al transmitir en televisión restringida el cierre de campaña de Fausto Vallejo, excandidato del PRI a Gobernador de Michoacán. Posteriormente, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se dio cuenta de que las suposiciones de la autoridad eran incorrectas, pues se había transmitido también el cierre de campaña del resto de los candidatos, decidió confirmar la multa argumentando que la protección que el Artículo 6 de la Constitución federal otorga a la libertad de expresión y al derecho a la información no es extensiva en materia electoral o al debate político. Fue así como el TEPJF decidió que a partir de ahora, la libertad de expresión ha quedado excluida de la materia electoral.

Esto es una aberración jurídica, histórica, política. Desde la Revolución Francesa, la garantía de libertad de expresión existe para que cualquiera pueda hablar mal de aquellos que detentan o pretenden detentar el poder, no de su vecino. Atreverse a decir que la libertad de expresión no es aplicable en materia electoral equivale a castrarla, a convertirla en uno más de nuestros impotentes derechos de papel. Sin libertad de expresión, la democracia se convierte en un vulgar mecanismo burocrático para legitimar formalmente a los que detentan el poder.

Otro caso similar, incluso tratado en la misma sentencia por parte del TEPJF, es el de la pelea de box entre Márquez y Pacquiao del 12 de noviembre del 2011 en Las Vegas. Como Márquez llevaba en los calzones el logo del PRI, el tribunal ordenó al IFE sancionar a la televisora que lo transmitió. Así, nuestras autoridades electorales decidieron que a partir de ahora, las televisoras mexicanas son responsables por el contenido transmitido en vivo por televisoras extranjeras y están obligadas a adaptarlo a la legislación mexicana, como si pudieran editar una señal extranjera protegida por derechos de autor. Estimado lector, es probable que gracias a los paladines de nuestra democracia ya no pueda usted ver peleas de box, partidos de futbol o carreras de Fórmula Uno. En fin, todo sea para salvaguardar los derechos de esos grillos que vienen a salvarnos de nosotros mismos.

En el colmo de la arrogancia, en sus cinco minutos de fama, el IFE y el TEPJF también han sentado un nuevo criterio legal y procesal al permitir la imposición de sanciones sin evidencia de incumplimiento. Así sucedió en el caso de la sanción de 500,000 pesos impuesta por el IFE, en ejecución de una orden del Tribunal, en contra de una estación de Nayarit. Según el TEPJF, el debate que dicha empresa transmitió careció de rasgos de espontaneidad por lo que, a su juicio, la transmisión del debate fue comprada por los partidos o candidatos. En otras palabras, la sanción se basó en meras especulaciones, valorando el grado de espontaneidad de los participantes en el debate, y sancionó sin evidencia, por encima del principio general de derecho que reza factum negantis probatio nulla est ; es decir, que no es el que niega un hecho quien lo debe probar, sino aquel que lo afirma. Así fue como el Tribunal decidió que a partir de ahora, son los particulares quienes tendrán que preocuparse de probar su inocencia cuando alguna autoridad sospeche un incumplimiento. Con todo respeto: ¡no tienen madre!

Finalmente, no podemos pasar por alto que también el Tribunal ha emitido resoluciones en contra de estaciones de radio y de televisión por haber transmitido entrevistas con la frecuencia o en el sentido incorrecto. ¿Cuál es, entonces, la frecuencia o el sentido correcto? Ni ellos lo saben. Esta vez el Tribunal decidió que a partir de ahora las entrevistas en materia electoral deberán ser pocas y no podrán destacar las cualidades o virtudes de un posible candidato.

Las preguntas son: ¿cuántas entrevistas son suficientes de acuerdo con el IFE? ¿A partir de cuántas se considera que son propaganda electoral? ¿Qué tema debe discutirse o evadirse en las mismas? ¿Qué tan bien o mal deben ser respondidas las preguntas por el entrevistado para evitar una sanción? ¿Cuáles son las reglas de la entrevista electoral ? ¿Cómo se debe gesticular? ¿Se vale una sonrisa?