El movimiento social que se ha gestado en Guerrero tras la masacre de Iguala, ha hecho el mayor cuestionamiento que se le haya hecho al Ejército mexicano en muchos años.

En dos manifestaciones por separado, miles de guerrerenses encabezados por los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se presentaron ante contingentes militares para exigirles la salida de algunas poblaciones y para pedir que la Procuraduría General de la República (PGR) abra una línea de investigación sobre la participación del Ejército en los ataques del 26 y 27 de septiembre a los estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos.

La primera manifestación ocurrió el miércoles 17 de diciembre, cuando cerca de 4,000 pobladores de Ayutla de los Libres marcharon a las instalaciones de la policía municipal donde están destacamentados unos 500 soldados.

Los pobladores exigieron la salida de los militares por considerar que han aumentado el acoso y hostigamiento a los habitantes y porque la presencia militar es violatoria de la ley y no contribuye a reducir los niveles de inseguridad, pues los pobladores ya tienen un Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadano (SSJC) y la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) que se encargan de que haya paz , según la crónica del diario El Sur.

Al final abrieron una mesa de negociación con la Secretaría de Gobernación (Segob) para acordar el retiro de los militares fuera de la cabecera municipal.

En tanto, el jueves 18 de diciembre, familiares de los estudiantes desaparecidos, normalistas de Ayotzinapa y maestros de Guerrero se presentaron a las puertas del 27 Batallón de Infantería del Ejército en Iguala, para exigir que se abrieran las instalaciones y les dejaran buscar a los desaparecidos y para demandar que la PGR abra una línea de investigación sobre la participación de los militares en los hechos del 26 y 27 de septiembre.

En esa protesta, varios padres de familia encararon a los soldados debido a que el día de los hechos, los soldados no hicieron nada para evitar la masacre e incluso detuvieron y hostigaron a los normalistas.

Las dos protestas referidas son más que significativas, pues representa un cuestionamiento directo al Ejército y al papel que esta institución ha tenido no solo en la masacre de Iguala de este año, sino históricamente en Guerrero. Aparte de Chiapas, Guerrero es el estado con más presencia militar, presencia masiva y constante desde la década de 1960 cuando el Estado mexicano decidió reprimir y enfrentar mediante la fuerza a los movimientos sociales que se gestaron entonces, en lugar de abrir canales de diálogo y solución pacífica a las demandas que planteaban los guerrerenses.

No fue así, y en lugar de ello el Ejército desarrollo una guerra sucia que reprimió las protestas sociales mediante el hostigamiento, la represión, el asesinato, la desaparición e incluso los vuelos de la muerte , mediante los cuales se arrojaron cuerpos de detenidos al mar. En Guerrero el Ejército está asociado a la persecución y a la represión, no a la paz y la tranquilad de la población.

@rmartinmar