Si una empresa no genera ingresos suficientes, no puede pagar salarios ni generar utilidades y desaparece. Si la supervivencia de las empresas depende de su rentabilidad, muchos nos preguntamos: ¿por qué los programas en los que el gobierno gasta nuestros impuestos nunca se mueren?

A nivel conceptual, le entregamos al gobierno parte de los ingresos generados con el sudor de nuestra frente en el entendido de que los invertirá en actividades que tengan una rentabilidad social que, por lo menos, compense el daño que causan los impuestos a la actividad económica.

En la práctica, no tenemos ni la más remota idea de si los programas en los que el gobierno se gasta nuestro dinero valen la pena o no.

Según el Inventario de Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, existen unos 274 Programas y Acciones por Derechos Sociales y Bienestar Económico .

El presupuesto asignado a esa cartera de programas es de alrededor de 692,000 millones de pesos, que equivalen a cerca de 5% del Producto Interno Bruto.

En general, los programas se dirigen a necesidades que están a la vista y que merecen ser atendidas. De la cartera de programas, 94 tienen que ver con educación, 40 con salud, 27 con el medio ambiente, cinco con la alimentación, nueve con vivienda, etcétera.

Precisamente, en vista de esas necesidades, tendríamos que estar muy preocupados por saber si los programas están funcionando o no.

Si los programas no funcionan, no sólo estaremos desperdiciando el dinero de los contribuyentes. Además, persistirán las necesidades urgentes de aliviar.

Hasta ahora, la mayoría de las evaluaciones y auditorías de esos programas busca asegurarse de que los recursos hayan llegado a su destino.

Pero eso no es suficiente. De esos 274 programas, sólo 15 tienen evaluaciones de impacto rigurosas que permiten saber si han funcionado.

Saber si un programa funciona o no, no es una tarea trivial. Igual que con las medicinas, se requieren pruebas rigurosas con grupos de tratamiento y grupos de control que permitan establecer una relación causal entre el programa y el indicador social que se busca mejorar. Sin duda, esas pruebas son complicadas, pero son la única forma de saber si ha valido la pena el esfuerzo de los contribuyentes y si estamos aliviando las necesidades más urgentes.

armando.chacon@eleconomista.mx