Algunos consumidores podrán evitar tratar con un narcomenudista, porque podrán recurrir al autocultivo, una práctica que requiere de múltiples habilidades de horticultura.

La Corte, ante la inacción del legislativo, declaró inconstitucional artículos que prohíben de manera absoluta la producción, distribución y posesión de la cannabis. La Corte pone fin a un absurdo, que toda actividad relacionada con la cannabis, fuera de uso médico, estuviera penada. Eso resuelve algunos problemas. El principal es que las personas que poseen mariguana ya no serán presentadas ante el ministerio público por el posible delito de posesión. Resuelve, parcialmente, otro, que los consumidores tengan un mecanismo de provisión, por medio del autocultivo. Eso requiere que la Cofepris otorgue un permiso, que no puede negar, por lo que ya no es necesario tramitar un amparo para posesión o el autocultivo.

El problema es que el fallo de la Corte, en el sentido correcto, no sustituye a una política pública de drogas que tendrían que desarrollar los órganos del estado. Me explico, el legislativo tiene que legislar para regular la producción, distribución y consumo para uso adulto de cannabis, bajo un esquema en el que facilite el autocultivo, pero no limite la producción a esa modalidad, se evite la publicidad, las concentraciones monopólicas y se garantice información al usuario.

El gobierno tiene que desarrollar una política de reducción de riesgos y daños, enfocada a retrasar el consumo, a prevenir consumos abusivos, a segmentar mercados (es decir evitar que se venda mariguana junto a otras drogas más duras) y a informar a las personas de las consecuencias de cada sustancia y de las alternativas de consumo menos dañinas. También debe desarrollar políticas para combatir la discriminación contra las personas que consumen sustancias. Una correcta política de drogas reduce los riesgos y los daños a los que nos enfrentamos dado el hecho de que las sustancias, como la cannabis o el alcohol, existen y las consumimos.

El fallo de la Corte sí ayuda a reducir la violencia. Eso es debido a que los consumidores ya no serán acosados por la policía, no enfrentarán al ministerio público, ni eventualmente la cárcel. La policía, por su parte, podrá utilizar sus recursos en acciones más útiles para la sociedad que perseguir a los que consumen mariguana. Algunos consumidores podrán evitar tratar con un narcomenudista, porque podrán recurrir al autocultivo, una práctica que requiere de múltiples habilidades de horticultura. La mayoría de los consumidores, en cambio, tendrán que recurrir al mercado ilegal para su provisión. Eso le deja al crimen organizado un jugoso mercado.

En el mercado ilegal no se informa el consumidor, no se cuida la calidad del producto, se vende a menores de edad, se genera violencia y se ofrece un paquete de drogas que generan daños diversos. En el legal se reducen riesgos al evitar el trato con delincuentes y se ofrece solo a adultos, y daños debido a que se garantiza la integridad del producto y se orienta sobre la manera de consumirlo.

El mercado legal de mariguana para uso adulto también puede generar una industria próspera, como en los Estados Unidos, y servir de apoyo a otras. A la medicinal, que no se debe limitar al uso del CBD, sino también para ciertos padecimientos, del THC, la parte con efectos psicoactivos, que también tiene usos terapéuticos y curativos. La turística, especialmente en destinos de playa para el mercado norteamericano, que considera a la mariguana como un complemento importante a su experiencia vacacional. La del cañamo que puede servir como una alternativa de menor huella ecológica en relación a otras fibras.

Esto es, si bien la Corte hace su trabajo, no sustituye la necesidad de desarrollar políticas de drogas, que nos permitan reducir los riesgos y los daños en los que incurrimos, dado que las drogas existen, y aprovechar sus beneficios, como reducir o tolerar el dolor, por ejemplo. #TocaRegular.

Twitter: @vidallerenas

Vidal Llerenas Morales

Político

Columna invitada

Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), cuenta con una Maestría en Política y Gestión Pública por la Universidad de Essex, Reino Unido y un Doctorado en Administración y Gerencia Pública por la Universidad de York.

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