In Memoriam Sergio González Rodríguez

Tiempo electoral disuelve urgencia social. Así lo sugiere el retraso con que se hizo público el informe del Grupo de Trabajo acerca de la Alerta de Violencia de Género para la Ciudad de México, publicado apenas el 26 de marzo, a unos días de que el Jefe de Gobierno dejara el cargo para irse de gira partidista. Ni la justicia para las mujeres ni los daños del sismo, por lo visto, son prioritarios.

La alerta de violencia de género es un mecanismo para dar respuesta a una urgente situación de violencia feminicida. En la Ciudad de México, donde se presumen leyes de avanzada, diversos casos sonados habían ya demostrado que, lejos de estar en un paraíso de libertades y seguridad, las mujeres y niñas viven bajo riesgo y enfrentan la irresponsabilidad y negligencia de las autoridades encargadas de procurar justicia. El caso Lesvy es sólo un ejemplo.

La solicitud de AVG presentada en septiembre de 2017 por Justicia pro Persona y el Centro de Derechos Humanos Vitoria confirmó la urgencia de tomar medidas para prevenir y castigar el feminicidio, la trata, la desaparición, la violencia sexual y familiar, el acoso, y, sobre todo para transformar un sistema de justicia resistente a investigar y sancionar debidamente estos delitos, y proclive a la revictimización y al maltrato de denunciantes y familiares. Con base en el análisis de casos de violencia extrema, las peticionarias denunciaron entonces el aumento del feminicidio, las desapariciones (60% de niñas y adolescentes), y de la violencia sexual, así como evidencias de redes de trata. Señalaron también que la respuesta de las autoridades se ha caracterizado por negligencia, resistencia a investigar la muerte violenta de una mujer como feminicidio, dilación en la búsqueda de niñas desaparecidas, ineficiencia en el otorgamiento de órdenes de protección en casos de violencia de pareja, y fallas en la reparación integral del daño.

Ante la ausencia de debida diligencia en la impartición de justicia y el incumplimiento de la “obligación de proteger a las víctimas”, entre otros factores que agravan la violencia contra niñas y mujeres, y que afectan a toda la sociedad, solicitaron la AVG e hicieron hincapié en la necesidad de que un grupo especializado en investigación criminal supervise la actuación de los agentes de principio a fin de la investigación.

El informe del grupo de trabajo, que se esperaba desde enero, confirma el diagnóstico de las peticionarias y corrobora la responsabilidad del Estado en la perpetuación de la violencia machista en nuestra ciudad. Además de señalar fallas básicas en los sistemas de información acerca del problema, que incluye inconsistencia en las cifras, ausencia de éstas y opacidad, el grupo (compuesto por integrantes de la academia, y representantes de Inmujeres federal y local, CNDH y CONAVIM) traza un panorama desolador del estado de la justicia para las capitalinas.

Por ejemplo, quienes atienden a las víctimas de violencia desconocen la ley, no están profesionalizadas, no reciben contención y trabajan en malas condiciones.  El aparato de justicia no aplica los protocolos de investigación, ignora sus obligaciones y tampoco está profesionalizado: hay quienes siguen sin relacionar desaparición y delito, y quienes siguen protegiendo al agresor. ¿Qué justicia puede haber entonces? El informe es contundente: no sólo se dan “prácticas violatorias al sistema legal”; además, las autoridades incumplen “tanto su obligación general de garantizar los derechos humanos de las mujeres, como sus obligaciones específicas de investigar y sancionar las violaciones a los mismos”.

A reserva de analizar las recomendaciones para reducir (¿superar?) esta crisis de justicia y derechos humanos, conviene recordar en este contexto a Sergio González Rodríguez, quien advirtió hace tiempo que la violencia y la impunidad se retroalimentan en una “máquina feminicida” compuesta de redes de complicidades entre criminales, funcionarios, políticos y agentes sociales varios.  Esto es lo que hoy enfrentamos.

LucíaMelgar

Crítica cultural

Transmutaciones

Es profesora de literatura y género y crítica cultural. Doctora en literatura hispanoamericana por la Universidad de Chicago (1996), con maestría en historia por la misma Universidad (1988) y licenciatura en ciencias sociales (ITAM, 1986).