El Congreso de Tabasco, a propuesta del gobernador Adán Augusto, decidió modificar su Código Penal para combatir eventuales bloqueos al libre tránsito o acciones que obstaculicen la ejecución de obras públicas y privadas, tipificando esas acciones como delito en esa entidad, con cárcel como sanción, sin considerar que una redacción así de ambigua como la aprobada, que no cambió en sus aspectos sustantivos frente a la iniciativa original pese a los reclamos, es incompatible con el derecho constitucional a manifestarse y a protestar sobre el quehacer gubernamental o sobre las afectaciones que alguna obra pudiera tener en una comunidad específica.

Luego de una serie de críticas que denominaron los cambios penales como ley garrote, los legisladores, el gobernador e incluso el presidente de la República justificaron la reforma argumentando que existen grupos de manifestantes que abusan y “extorsionan”, es decir, que hay grupos sociales, sindicales o políticos que se manifiestan para bloquear una obra o una vialidad y luego piden algo a cambio a las autoridades como condición para retirarse.

La explicación no fue suficiente, porque en ninguna parte de la redacción original se aludía siquiera a la palabra extorsión, entonces el Congreso local matizó la propuesta, pero sin cambio real, porque ahora el artículo 308 Bis indica que la sanción sería para quien “extorsione, coercione, intente imponer o imponga cuotas o impida total o parcialmente el libre tránsito de personas y vehículos, maquinaria, equipo especializado o similar para la ejecución de trabajos y obras públicas o privadas en las vías y medios de comunicación de jurisdicción local”.

La pena sería de entre 6 y 13 años, y podría duplicarse si el manifestante es acompañado de menores de edad. Los abogados saben que los tipos penales suelen ser exactos, que deben apegarse a la literalidad de las palabras, y la redacción literal de esas palabras no condiciona a que haya una “extorsión” para que se considere delito una protesta en vía pública o en una obra, porque sólo incluye la palabra y dice que es sancionable eso “o” también impedir total o parcialmente el libre tránsito “o” también la ejecución de alguna obra pública o privada.

El fraseo sigue abriendo la puerta a prohibir, de facto, protestas y manifestaciones, así como a sancionar a quienes participen en ellas con hasta dos décadas de prisión si se les ocurre ir acompañados de menores de edad. Eso fue lo que generó llamar a la iniciativa ley garrote, que ya hecha ley sigue teniendo ese elemento “garrote” que generó las críticas, con los riesgos que siguen ahí, aunque todavía podría (debería) ser revisada la reforma por la Suprema Corte, a través de un test de constitucionalidad que, en mi opinión,  difícilmente, si se impone la razón, va a superar.

No todas las protestas sociales impulsadas por grupos diversos, incluyendo a estudiantes, organizaciones civiles o sindicatos, son de extorsionadores. Hay muchas personas que ejerciendo su derecho constitucional de manifestación suelen utilizar como método de protesta las marchas o los bloqueos y los pliegos petitorios a cambio de levantar un bloqueo (no necesariamente dinero para un líder corrupto), y eso no sólo en calles, también en carreteras, y se registran hasta “clausuras simbólicas” de alguna oficina pública que no resuelve satisfactoriamente sus necesidades o, por ejemplo, de una empresa privada que a su juicio contamina indebidamente a su comunidad con desechos tóxicos.

Es evidente que una cosa sería el intento de extorsión de algún líder sindical corrupto o partidizado, es decir, el hipotético caso en el que algún líder pida beneficios personales indebidos (por ejemplo candidaturas) o dinero a cambio de dispersar una “toma” de calles o instalaciones de obras en el marco de una manifestación o protesta, y otra cosa es dejar como tipo penal el hecho de hacer la protesta misma y colocarle como agravante la presencia de menores.

Con la redacción de la ley garrote aprobada en el estado de Tabasco, si un grupo de campesinos cerrara alguna calle o impidiera la construcción de una hidroeléctrica para manifestar inconformidad, podrían ser detenidos y verse en riesgo de permanecer años encarcelados, y si un menor de edad estuviera con ellos en la manifestación, el tiempo de prisión podría ser el doble.

Es pésima señal para un entorno democrático lastimar garantías para ejercer el derecho de manifestación con ambigüedades que generan riesgo de ir a la cárcel o ser sujeto a una discrecional persecución penal desde el poder por participar en protestas. Ojalá que pronto lleguen los matices. Sí, que se tipifique la extorsión que beneficie a un líder corrupto, pero que se revierta la ley garrote aprobada en Tabasco, porque a quien hoy castiga es a cualquier grupo de manifestantes que impidan el libre tránsito, incluso parcialmente, o compliquen los trabajos de una obra pública.

*Consejero del INE.

Marco Antonio Baños

Consejero del Instituto Nacional Electoral

Columna invitada