¿Qué opino sobre la llamada ley garrote recién aprobada por el Congreso de Tabasco?

Lo mismo que he manifestado durante años.

El 16 de julio del 2016 escribí:

“Para protestar contra lo que llamaron el fraude electoral de la elección presidencial del 2006, del 30 de julio al 15 de septiembre de ese año, el Peje López y sus huestes bloquearon el Paseo de la Reforma, Av. Juárez y Av. Madero.

“De acuerdo con la Concanaco, los 32,000 negocios ubicados en Paseo de la Reforma perdieron 203 millones de pesos en ventas durante cada día que duró el bloqueo.

“El 7 de julio pasado, el director general editorial del periódico El Economista, Luis Miguel González, escribió que ‘un día de marchas y plantones cuesta 5 millones de pesos en Guerrero; 8 millones en Morelia y alrededor de 60 millones de pesos diarios en la CDMX (...) En Oaxaca las pérdidas ya superan 1,700 millones de pesos (...) En Chiapas, los bloqueos cuestan 1 millón de pesos diarios a los comerciantes de Tuxtla Gutiérrez y más de 2 millones a los de San Cristóbal’”.

Años antes, el 10 de abril de 2013, escribí:

“Cuando la manifestación o protesta es pacífica y civilizada, la autoridad no tiene ningún derecho para impedirla, reprimir a los que en ella participan. Cuando deja de serlo, la autoridad está obligada a enfrentar a los manifestantes que actúan violentamente contra otras personas o sus bienes muebles o inmuebles.

“Una cosa es marchar en las calles para manifestar una inconformidad o exigir algo y otra es bloquear esas calles para impedir el paso de las demás personas.

“Una cosa es plantarse al lado de una carretera para gritar consignas contra algo o alguien y otra cerrar esa vía de comunicación.

“Una cosa es manifestarse frente a la sede de una dependencia pública o una empresa privada y otra imposibilitar que las personas entren y salgan de ese inmueble.

“Una cosa es protestar frente al inmueble de una organización pública o privada y otra es ingresar violentamente al mismo, causar destrozos y hasta apoderarse ilegalmente de la propiedad.

“No va a ningún lado un país en donde los derechos de la mayoría son pisoteados por grupos minoritarios”.

Hay leyes federales y locales que prohíben y sancionan el bloqueo de calles, caminos y carreteras, la invasión y destrucción de cualquier propiedad pública o privada. Rara vez las hacen cumplir las autoridades. Es hora de que empiecen a hacerlo.

Ahora bien, la reciente reforma del Código Penal de Tabasco exagera al castigar con 6 a 13 años de cárcel a quien incurra en “delitos contra la libertad de tránsito; de oposición a que se ejecuten trabajos y obras públicas, e interrupción o dificultad del servicio público de comunicación”.

La federal Ley de Vías Generales de Comunicación castiga con tres meses a siete años de prisión a “los que dañen, perjudiquen o destruyan las vías generales de comunicación, o los medios de transporte, o interrumpan la construcción de dichas vías, o total o parcialmente interrumpan o deterioren los servicios que operen en las vías generales de comunicación o los medios de transporte”.

Las penas tabasqueñas no deben superar a las federales. Y las autoridades deben hacer cumplir las leyes. Todas las leyes.

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Eduardo Ruiz-Healy

Periodista y productor

Columna invitada

Opinador, columnista, conferencista, media trainer, 35 años de experiencia en medios de comunicación, microempresario.