El pasado domingo, en el pleno del Senado de la República aprobamos con cambios sustanciales la minuta que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, remitida por la Cámara de Diputados el 4 de febrero y que tiene como objetivo esencial la modernización y competitividad del servicio ferroviario.

Sin embargo, una confusión en el diagnóstico del sector ferroviario llevó a incorporar en el marco legal disposiciones que lejos de solucionar los problemas, generarían otros, como la falta de certidumbre tanto para los actuales concesionarios como para los nuevos jugadores que se tenían en mente al momento de aprobar ese proyecto en la Cámara de Diputados. La ausencia o falta de certidumbre es un factor central que explica la falta de inversión o niveles de inversión por debajo del óptimo. Por lo anterior y en un afán de contribuir a modernizar el marco legal del sector ferroviario de manera eficaz, objetivo compartido con los diputados, en el Senado de la República decidimos iniciar un serio proceso de revisión de la minuta en cuestión.

En tal virtud, los días 5 y 6 de marzo del presente se llevó a cabo un foro con el objeto de que se pudieran escuchar los puntos de vista de los distintos actores involucrados en el sector. Participaron en el mismo autoridades, concesionarios, organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), usuarios de carga, académicos y especialistas. A partir de lo ahí expresado por quienes estudian el desempeño de este sector, quedó de manifiesto que aprobar la minuta en los términos remitidos por la Cámara de Diputados no garantizaba un verdadero avance para el propio sector y una ganancia para la sociedad.

Entre los principales cambios introducidos en el Senado destacan la obligación del Estado de garantizar la eficiencia operativa en la prestación del servicio público ferroviario; la definición de interconexión, de derecho de paso y derecho de arrastre; así como la creación de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y el Fondo Nacional de Seguridad de Cruces Ferroviarios, como órgano desconcentrado de la SCT. Se establecen con precisión las atribuciones y obligaciones de la agencia, por ejemplo, que deberá publicar indicadores, un tema muy importante del que se quejaban los usuarios: la ausencia de transparencia en cuanto a los indicadores del servicio en nuestro país. Se establece con claridad cuáles serán las bases para la regulación tarifaria justamente en esos tramos o rutas donde no hay competencia efectiva; la agencia determinará las características y especificaciones técnicas de las vías férreas; verificará el cumplimiento de las disposiciones aplicables del sistema ferroviario; garantizará la interconexión en las vías férreas cuando son vías generales, emitirá recomendaciones; dirimirá controversias e impondrá sanciones, realizará estudios e investigaciones, entre otras. La SCT será quien se encargue del otorgamiento de concesiones mediante licitación pública; se elimina la figura de permisionario, que en los términos de la minuta otorgaba a sus titulares la posibilidad de utilizar las vías férreas sin tener el carácter de concesionario, un aspecto que abonaba a la falta de certidumbre a la que me referí arriba. En suma, los cambios aprobados en el Senado no desvirtuaron los objetivos que buscaban los diputados, por ello, éstos aprobaron en sus términos los cambios introducidos por el Senado.

No faltan los que, desconociendo la naturaleza de este sector muy intensivo en capital, cuestionaron los cambios introducidos en el Senado. Se trata de aquellos que hacen siempre análisis carentes de rigor.

*El autor es senador de la República.