En las pasadas elecciones legislativas, los tres partidos de nueva creación quedaron por debajo del mínimo de votación requerida para mantener su registro. La Constitución establece con precisión este umbral en su artículo 41: “El partido político nacional que no obtenga, al menos, el tres por ciento de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso, le será cancelado el registro”.

Tras la calificación de las pasadas elecciones para renovar la Cámara de Diputados, seguía la aplicación de las reglas de la aritmética. La definición de la votación válida emitida está en la ley, sin margen de interpretación alguno. Para mantener su registro, los partidos políticos nacionales debían haber obtenido al menos 1 millón 413,337 votos en la elección de diputados de mayoría relativa o 1 millón 422,857 votos en la de representación proporcional. 

El INE hizo la suma de los votos y encontró que los partidos políticos nacionales Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México se encontraban por debajo del umbral en ambas elecciones. Aprobó en consecuencia sendos acuerdos de cancelación del registro y ordenó el inicio de su proceso de liquidación. El asunto parecía resuelto.

Sin embargo, nunca se debe subestimar la capacidad de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de sorprendernos con argumentos jurídicos que buscan agrandar su poder. Los partidos que perdieron su registro –como era de esperarse–, impugnaron los acuerdos del INE. Al final de la semana pasada se hizo público el proyecto de sentencia que propone devolverle el registro a Fuerza por México, el partido de Pedro Haces, senador suplente por Morena y secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CETAM).

Fuerza por México se quedó a 202,954 votos por debajo del umbral. Sin embargo, alega que las circunstancias extraordinarias impuestas por la pandemia del Covid-19 le impidieron conseguir la votación suficiente para superar el umbral establecido por la Constitución.

La modificación de plazos llevó a que obtuviera su registro más de un mes después de iniciado el Proceso Federal Electoral 2020-2021 y a perder sus prerrogativas durante ese tiempo. Asimismo, las medidas de distanciamiento social limitaron su capacidad para realizar a plenitud las actividades de campaña. Con este argumento, solicitó al Tribunal Electoral reducir el porcentaje de la votación válida emitida para mantener el registro del 3 al 2.5 por ciento, el que existía antes de la reforma electoral de 2014.

El proyecto de sentencia, preparado por la ponencia del magistrado Indalfer Infante, propone darle la razón a Fuerza por México. Argumenta que la aplicación del principio jurídico según el cual “nadie está obligado a lo imposible” y una “interpretación armónica” de la Constitución, conducen a bajar el umbral justo al porcentaje que le permite a Fuerza por México mantener su registro.

El argumento presentado por la ponencia es falaz y peligroso al mismo tiempo. El hecho que ningún partido de reciente creación haya logrado superar el umbral para mantener el registro no significa que la pandemia lo volvió una meta de imposible realización. De hecho, la participación electoral respecto a la elección intermedia de 2015 subió casi diez puntos porcentuales. Más bien quiere decir que la de demanda del electorado por nuevos partidos no fue los suficientemente grande para superar los parámetros establecidos en la Constitución.

La parte más preocupante del proyecto de sentencia tiene que ver con la interpretación constitucional armónica que propone. En realidad, plantea la inaplicación de la Carta Magna. Este es un poder que ningún órgano del Estado debe tener, menos aún las autoridades jurisdiccionales. Si los jueces ignoran la supremacía de la Constitución, destruyen su propia legitimidad. Por eso, la propuesta de restituir el registro a Fuerza por México es una manzana envenenada que la Sala Superior debe rechazar.

Twitter: @BenitoNacif

Benito Nacif

Profesor

Voto particular

El Dr. Benito Nacif es profesor de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Fue Consejero Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) del 2014 al 2020 y del Instituto Federal Electoral (IFE) del 2008 al 2014.

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