En la exposición de motivos de la petición de consulta popular que envió al Senado, el presidente López Obrador alega a favor de su constitucionalidad. Sostiene que someter a la consideración del electorado la decisión de investigar y, en su caso, llevar a juicio a cinco expresidentes sería compatible con el respeto a los derechos humanos reconocidos por la propia Constitución y los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano. Llega a esta conclusión porque el enjuiciamiento se llevaría a cabo por las autoridades competentes, según las leyes aplicables y en apego a las reglas del debido proceso.

El argumento del presidente López Obrador es falaz. Dice que, si no se violan las leyes aplicables ni las reglas del debido proceso al enjuiciar a los expresidentes, la consulta popular resulta válida de acuerdo con el Artículo 35 de la Constitución. Sin embargo, someter a consulta popular la decisión que le corresponde a la Fiscalía General de la República de ejercer o no la acción penal contra personas específicas, con nombre y apellido, viola las leyes aplicables y el debido proceso.

Da al traste con el principio de igualdad jurídica, establecido en el Artículo 13 de la Constitución que establece que “nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni tribunales especiales”. Sobre este precepto la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fundado el derecho más genérico de igualdad ante la ley, que prohíbe procedimientos exclusivos para juzgar a determinadas personas. Desde luego, realizar una consulta popular para llevar a juicio a cinco expresidentes constituye un procedimiento exclusivo que viola el derecho a igual protección ante la ley también reconocido en el Artículo 24 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

Pero, además del derecho de igualdad ante la ley, la consulta popular propuesta por el presidente López Obrador también viola otros derechos humanos. Ello se puede apreciar con claridad si se analizan las implicaciones de las dos posibles respuestas a la pregunta planteada. Si una mayoría se decantara por no investigar ni someter a juicio a los expresidentes, entonces la Fiscalía tendría que abstenerse de ejercer sus atribuciones, aun cuando se pudieran llegar a presentar denuncias por hechos constitutivos de delitos de los que ellos fueran probables responsables. En este caso, no sólo el ministerio público incurriría en un delito, sino además se violaría el derecho de acceso a la justicia a las víctimas, consagrado en el Artículo 17 de la Constitución.

Por otro lado, si la mayoría votara a favor de investigar y, en su caso, enjuiciar a los cinco expresidentes, entonces se estaría otorgando a la Fiscalía un mandato electoral para iniciar una investigación de manera oficiosa, sin que medie una denuncia. En este caso, la consulta popular serviría para abrir una pesquisa en contra de personas específicas sin una causa probable, sólo por el hecho de haber ocupado la titularidad del Poder Ejecutivo Federal. Con ello, se violaría el Artículo 16 de la Constitución que protege a todas las personas contra actos de molestia de cualquier autoridad que no estén debidamente fundados y motivados.

El presidente López Obrador sostiene que su consulta sentaría un precedente para “prevenir la repetición de conductas indebidas en el ejercicio del poder”. Un análisis más cuidadoso, sin embargo, revela algo diferente. Serviría más bien para revestir de legitimidad democrática la persecución de adversarios políticos y el abuso del poder por parte del presidente en turno.

A la Suprema Corte de Justicia de la Nación le corresponde ahora determinar la procedencia constitucional de la consulta propuesta por el titular del Ejecutivo. Si permite que la justicia se convierta en un concurso de popularidad, el Estado de derecho en México sufriría un daño irreparable.

*El autor es profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas.

Twitter: @benito_nacif

Benito Nacif

Profesor

Voto particular

El Dr. Benito Nacif es profesor de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Fue Consejero Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) del 2014 al 2020 y del Instituto Federal Electoral (IFE) del 2008 al 2014.