El magistrado, Adalid Ambriz, titular del Sexto Tribunal Unitario Penal de Toluca, que dejó en libertad a los últimos tres soldados acusados de haber participado en la masacre de Tlatlaya, el 30 de junio del 2014, en la que habrían sido asesinados 15 civiles por elementos del Ejército, como lo estableció la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), no se pronunció sobre la inocencia o culpabilidad de los mismos. Sino sobre la inconsistencia del caso que le presentó la PGR.

A partir de la información proporcionada por la PGR, dice el magistrado, no es posible establecer la culpabilidad de los implicados. De inmediato, la PGR informó que acata la resolución judicial, a pesar de que considera haber ofrecido los elementos de prueba suficientes para procesar a los tres militares . De manera pública se compromete a que en los próximos días aportará nuevas pruebas que acrediten la responsabilidad de los integrantes del Ejército, para que éstos sean reaprehendidos, de nuevo juzgados y puedan ser declarados culpables.

La CNDH reacciona diciendo que en los lamentables hechos ocurridos en Tlatlaya hay suficientes elementos para probar la existencia de violaciones a los derechos humanos y que, en su opinión, se consideraron como graves, en atención a sus características y circunstancias bajo las cuales se verificaron . Y añade que la investigación quedó a cargo de las autoridades ministeriales. Ante la resolución del magistrado, la CNDH plantea que ha solicitado formalmente a la Procuraduría General de la República, atendiendo al hecho de que jurídicamente ese caso aún no sería cosa juzgada, el que aporte pruebas para fortalecer su acusación, en términos de su competencia y con fundamento en el artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales .

Ante la supuesta inconsistencia de las pruebas aportadas por la PGR, dos son las posibilidades: 1) una vez más esa institución demuestra su incapacidad para presentar casos sólidos ante la justicia; 2) hay un acuerdo entre la institución y el Ejército. El caso se presenta intencionalmente débil, para permitir que los soldados quedaran en libertad. Si la PGR actúa con prontitud y de manera adecuada, estamos en el primer caso; pero si da largas al asunto y no hace nada, estamos en el segundo. Sería lamentable.

Las organizaciones de los derechos humanos de México y a nivel internacional han reaccionado como se podía esperar. El Centro ProDH afirma que había elementos para acreditar el homicidio, no sólo por el testimonio de los sobrevivientes, sino por los dictámenes de balística que confirman que los elementos manipularon la escena; dispararon armas y las sembraron a algunos cadáveres . Y Américas Human Rights Watch (HRW) asegura que ante la evidencia bien documentada de que los soldados ejecutaron a los civiles en Tlatlaya, el hecho de que nadie sea responsable por esos crímenes sugiere la misma clase de incompetencia grave o incluso de encubrimiento... . Cabe también pensar en la complicidad del juez para que la justicia no se haga valer. ¿A quién creer? ¿Qué podemos esperar?

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