La promesa de campaña de Donald Trump de un entorno regulatorio más amigable y menos complejo para el sector financiero ha sido uno de los principales factores detrás de la fuerte recuperación en las acciones de ese sector en Estados Unidos. A partir de la elección, el índice de las principales instituciones financieras en Estados Unidos ha subido 23% en comparación con 11% del S&P 500.

Vale la pena recordar que, a mediados del 2009, con la economía estadounidense todavía naufragando en medio de la Gran Recesión, el Congreso de Estados Unidos aprobó una iniciativa de cambios regulatorios sustanciales en el sistema financiero conocido como Dodd-Frank. El espíritu de la iniciativa fue limitar las actividades de las instituciones financieras para evitar la toma de riesgos desmedida que contribuyó a la desestabilización del sistema financiero y a un costoso rescate por parte de los contribuyentes.

La iniciativa original, enviada por el presidente Obama, tenía sus raíces en el Glass-Steagall Act, una regulación implementada en 1933 a raíz del crack de 1929 y el comienzo de la Gran Depresión, que buscaba robustecer el sistema financiero y evitar la especulación y los conflictos de interés entre las instituciones financieras. Esta regulación estuvo vigente hasta 1999, después de un largo proceso de casi 20 años de cabildeo por parte de las instituciones financieras.

Aunque la iniciativa aprobada por el Congreso en el 2009 fue una versión menos agresiva que la enviada originalmente por el presidente Barack Obama unos días después de haber tomado posesión, las instituciones financieras han experimentado un incremento muy fuerte en los costos de cumplimiento regulatorio que se reflejan en dos vertientes.

Por un lado, está el incremento en la plantilla laboral relacionada con las áreas de cumplimiento regulatorio y, por el otro lado, está el negocio perdido como resultado de la nueva burocracia y restricciones impuestas por el marco normativo. La regulación también elevó los niveles mínimos de capitalización de los bancos, obligándolos a incrementar sus reservas de capital para enfrentar escenarios adversos y reducir la probabilidad de tener que recurrir a rescates gubernamentales en el futuro.

En su libro Stress Test, el ex secretario del Tesoro, Timothy Geithner, cuenta como la legislación Dodd-Frank tuvo críticos de ambos lados del pasillo. Por un lado, había quienes pensaron que la legislación se quedó corta en limitar el poder de los bancos, dejando a los consumidores indefensos ante prácticas nocivas y manteniendo intactos los incentivos al apalancamiento excesivo. Por otro lado, había quienes la interpretaron como una clara extralimitación de las facultades del gobierno, legislada desde el rencor de la crisis, que no hizo más que entorpecer el funcionamiento de los bancos y limitar la oferta de crédito.

La realidad es que ambos lados tienen algo de razón. Por un lado, la contribución más valiosa de Dodd-Frank fue la introducción reglas claras para robustecer los niveles de capitalización de las instituciones financieras. Sin embargo, sus detractores tienen razón al argumentar que el marco regulatorio se ha vuelto excesivamente costoso e ineficiente en muchos aspectos. La nueva administración se encuentra ante la gran oportunidad de reformular una iniciativa de ley que tenía la motivación correcta pero cuya implementación en la práctica ha generado niveles de ineficiencia ridículos en el sistema financiero.

Dado que el círculo cercano del nuevo presidente cuenta con influencia importante de gente de Goldman Sachs, los mercados están descontando cambios que reduzcan los costos asociados a la regulación actual. Sin embargo, habrá que mantenerse atento a que no se debiliten otros aspectos de Dodd-Frank como los niveles mínimos de capitalización.