Salvo que Biden arrase en las elecciones estadounidenses de la próxima semana, es probable que ese país despierte el 4 de noviembre sin claridad con respecto al ganador de la contienda.

En un escenario ordinario, sería apenas anecdótico y bastaría esperar a que los ciudadanos y autoridades competentes terminaran de contar los votos y determinaran al triunfador, a fin de que el candidato derrotado llevase a cabo el mensaje de concesión de la elección. Pero hoy Estados Unidos no enfrenta un escenario ordinario.

El país está inmerso en sendas crisis sanitaria y económica, en una dinámica de aguda polarización política, efervescencia social, y con un presidente distinguido por su constante desprecio a las costumbres y normas que Washington daba por sentado en cualquier personaje que ocupase un puesto de elección popular. Trump ha puesto en duda los resultados de la elección de antemano, se ha rehusado a responder si reconocería una derrota, ha descalificado como fraudulento el método de voto por correo (ya utilizado por 62 millones de votantes al día de hoy), y ha instigado a grupos proclives a la violencia a permanencer atentos ante un escenario post-electoral contencioso.

Hay prácticamente un consenso en torno a que a una considerable probabilidad de que la elección se resuelva mediante mecanismos distintos a la voluntad ciudadana, entre los cuales podrían destacarse tres. Primero, podría repetirse la historia de 2016, una contradicción entre el voto popular y el voto electoral. En tal caso, las probabilidades apuntan a que sería una vez más Trump el beneficiario de un sistema electoral que sobrerrepresenta a algunos estados (los llamados battlegrounds states) en detrimento de prácticamente el 80% del electorado. Este sistema, lo demuestran las elecciones de Bush en 2000 y de Trump en 2016, favorece estructuralmente a republicanos.

Más interesantes son los otros dos escenarios. Por un lado, la contienda podría zanjarse ya en el Capitolio, ya en la Corte Suprema, mediante las provisiones legales para tal efecto. Por otro, no puede descartarse una negociación política entre los candidatos – como la ocurrida en 1876, cuando los contendientes acordaron el resultado días antes de la toma de posesión. Ahora bien, si las encuestas apuntan hoy en la dirección correcta y Biden es electo, sea con una ventaja sólida tanto en el voto popular cuanto electoral, sea luego de varios días después del 3 de noviembre, cuando se terminen de contar los votos por correo, hay también un aparente consenso en el sentido de que Trump intentará deslegitimar dichos resultados.

Si Biden triunfa holgadamente desde el principio, se antoja difícil que las descalificaciones de Trump tengan eco entre los liderazgos republicanos en Washington y en los estados; y aunque es probable que ocurran algunos disturbios y muestras de violencia política, es igualmente probable que no escalen al punto de poner en entredicho la transición. Sin embargo, ante una victoria demócrata estrecha o que se confirme varios días después de la votación, las descalificaciones desde la Casa Blanca tendrían un peso totalmente distinto y potencialmente más explosivo.

Antes que en la Corte, donde se decidió la elección de 2000, quizás un Partido Republicano que respalde los alegatos de Trump busque resolver la elección en el Congreso, donde tendría todavía control del Senado no sólo mediante su mayoría, sino también con el peso del vicepresidente Pence (también presidente del Senado), quien gozaría de facultades legales para incidir en su propia reelección. Como esta, hay decenas de consideraciones adicionales en juego. En un enunciado, esta elección, como la presidencia de Trump toda, pondrá una presión inédita en la ingeniería institucional estadounidense. Al final, será la seriedad con que se asuma este hecho lo que permitirá un desenlace civilizado.

*Politólogo e internacionalista.