Hace unos días, cuando se filtró y se descartó una supuesta propuesta de reforma al Poder Judicial, que aparentemente era impulsada desde la Fiscalía General, en donde se planteaba la creación de tribunales especiales para los jueces, que encabezarían otros jueces designados por el Senado, un prominente exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decía que, en realidad, fue el ministro Zaldívar, presidente de la SCJN, quien encabezó la resistencia contra la supuesta propuesta de Gertz y que presentaría una propuesta alternativa. Eso sucedió esta semana. Posteriormente, Zaldívar presentó al presidente una propuesta, que López Obrador, con poder de iniciativa, hizo suya, lo que representa un avance para mejorar al Poder Judicial.

La propuesta busca consolidar la profesionalización de ese poder con una escuela judicial, concursos de oposición, que considerarían cuotas de género y mecanismos para evitar el nepotismo; ampliar los tribunales que deciden de manera colegiada, y limitar la discrecionalidad en el nombramiento de jueces y magistrados. Es decir, un Poder Judicial más deliberativo en sus resoluciones, más fiscalizado y menos unipersonal. Se busca fortalecer la defensoría pública, el flanco que más genera desigualdad, ya que actualmente el tratamiento que las personas reciben depende de la defensa que puedan pagar.

Se pretende también modificar el sistema de jurisprudencia para que las bases apliquen a todos los órganos jurisdiccionales y baste una votación calificada para generar jurisprudencia. Eso abriría la puerta a que decisiones de la corte que garantizan derechos, como el matrimonio igualitario o el autocultivo de mariguana para consumo personal, sirvan como base de aplicación en todos los niveles y órganos de impartición de justicia.

La iniciativa no es un intento de encontrar atajos para la impartición de justicia, como cuando se propone la prisión preventiva obligatoria para una multitud de delitos, sino que se propone un camino, que no será de corto plazo, para un poder judicial más profesional, que rinda cuentas y que imparta justicia de manera integral, pronta y expedita.

Esto incluye respaldar a las personas cuando son acusadas de manera infundada. No se proponen cambios tan radicales, ya que el Consejo de la Judicatura seguirá dependiendo del Poder Judicial y el pleno de la SCJN tendrá casi las mismas facultades, pero sí habrá mejoras en sus áreas de mayor oportunidad y relevancia. Aquí también hay un cambio de fondo, normalmente en México las reformas parten de que el diseño de las instituciones es incorrecto, por lo que se quiere encontrar la solución en nuevos diseños, cuando el problema en general está en procesos, incentivos y culturas organizacionales incorrectas, la mayoría incrustadas en el día a día del trabajo de la institución.

Más allá de los detalles técnicos, ahora sí se propone una solución de fondo, de largo plazo, para que el Poder Judicial mejore y también lo haga todo el sistema relacionado con la impartición de justicia. Falta cerrar la pinza con reformas para que las fiscalías fortalezcan su capacidad de investigación y sean capaces de presentar sus casos con evidencia sólida. Que en el Ministerio Público sigan criterios que acompañen a las personas de menores recursos para impedir abusos y evitar que se encuentren en desventaja. Hasta hora, la exigencia de mejora se ha puesto en las policías, pero sin ministerios públicos capaces y sin un Poder Judicial ágil, fiscalizado y sólido, el país no podrá avanzar en construir una sociedad más justa y, por tanto, más segura.

Vidal Llerenas Morales

Político

Columna invitada

Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), cuenta con una Maestría en Política y Gestión Pública por la Universidad de Essex, Reino Unido y un Doctorado en Administración y Gerencia Pública por la Universidad de York.