La pérdida de patrimonio nacional y bienes comunes avanza a pasos acelerados por todo el país. Lo que ocurre con las playas de Jalisco podría ser un ejemplo de lo que está pasado en todo México.

Jalisco cuenta con una de las costas más privilegiadas del país. Las decenas de playas de los cinco municipios costeros de la entidad han sido visitadas por millones de personas del país y del extranjero.

Pero en los últimos años, especialmente en la última década, se ha ido presentado un proceso de privatización de facto de la costa jalisciense. En este momento, 82 por ciento de las playas de Jalisco se encuentran privatizadas. Únicamente en el municipio de La Huerta, 33 de sus 36 playas no se pueden visitar libremente.

En ese municipio tienen fincas de descanso personajes como el ex gobernador del Estado de México Arturo Montiel, ha sido escenario reciente de bodas de políticos de alto rango del gabinete de Felipe Calderón o de fiestas y recreación para miembros del jet set internacional.

Como se sabe, uno de los aspectos sociales de nuestra Constitución fue el reconocimiento de la propiedad colectiva, tanto a comunidades como a bienes comunes administrados por la nación. Por lo tanto, todas las playas son propiedad de la nación, es decir, para disfrute público. Pero aunque la ley lo impide, en la práctica las playas han dejado de ser públicas.

Este proceso implica despojo del territorio para las comunidades que han habitado estas tierras y por lo general el despojo se acompaña de hostigamiento, encarcelamientos, desplazados, desaparecidos y hasta asesinatos. Todos los municipios de la costa de Jalisco tienen casos de pescadores, ejidatarios o comuneros que enfrentan procesos penales promovidos por inversionistas privados o amenazas de grupos de seguridad privada, que se han convertido en las nuevas guardias blancas del país.

A pesar de la violencia que acompaña el despojo de las playas de la costa jalisciense y del país, los gobiernos se ponen de lado de los inversionistas. No solo eso, sino que promueven este proceso de despojo puesto que lo ven como un proceso que llevará el desarrollo a dichas comunidades.

Pero este desarrollo que venden el gobierno y los inversionistas para los pobladores de la costa del país se traduce en un cambio drástico de su forma de vida, en la que dejan de ser propietarios o poseedores de playas paradisíacas para convertirse en albañiles, meseros, jardineros, afanadores y barmans de hoteles que no disfrutarán jamás.

Regularmente el surgimiento y desarrollo del capitalismo se asocia con la Revolución Industrial, pero centrado en el aspecto del capital y de la producción en serie. Se suele olvidar el aspecto social, como la estudió y planteó el científico social austriaco-británico Karl Polanyi en su obra La gran transformación.

Lo que ocurre en la costa debe verse como una gran transformación de las relaciones sociales de subsistencia que tenían sus pobladores y comunidades, para dar paso a relaciones de propiedad privada de la tierra y procesos acelerados de conversión del trabajo libre e independiente por el trabajo asalariado bajo sujeción patronal.

Es un proceso violento en sus formas y en el sentido de vida de la gente. De buenas a primeras se cambia el modo de subsistir que tenían miles de familias durante décadas. Es un proceso que debe detenerse para dar paso a un modelo donde las comunidades decidan, con independencia, lo que ellas creen que es mejor para ellas. No los burócratas desde el centro, no los inversionistas que buscan altos rendimientos y no el bienestar de pueblos y comunidades.

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