El sector de las telecomunicaciones y de las Tecnologías de la Información es un sector muy dinámico, que mundialmente ha mostrado crecimientos sostenidos entre dos y seis veces, lo que crece la economía en su conjunto durante los últimos años; sin embargo, algunos países, como México, se han quedado por bajo del crecimiento experimentado por otros en esta industria.

Pero qué es lo que ha causado dicho rezago, si prácticamente contamos con la misma tecnología que el resto de los países, más aún, qué es lo que ha fallado si constantemente vemos que el consumo de servicios de telecomunicaciones se incrementa año con año en nuestro país. Gran parte de la respuesta la encontraremos en la regulación.

Sabemos que históricamente, los sectores que involucran infraestructura, como telecomunicaciones, en ausencia de regulación, tienden a concentrarse dadas las grandes inversiones necesarias para desarrollarlos; por los lentos retornos al capital y a los bajos costos marginales del servicio, es decir, elevadas economías de escala. Todas ellas son razones por las cuales se consideran monopolios naturales, y aún más, la mayoría de ellos fueron monopolios gubernamentales en todo el mundo.

Debido al tamaño y al gran impacto de las telecomunicaciones en la sociedad, es labor del gobierno regularlas para maximizar la distribución y beneficio de estos productos y servicios, anteponiendo el bienestar de la sociedad a los intereses de particulares. Dicha regulación debe enfocarse en las características propias del sector y crear una única estrategia de coordinación efectiva, que logre alinear las metas con la industria, a la vez que otorgue las condiciones necesarias de operación e inversión suficientemente claras, estables y conducentes para el aprovechamiento de su potencial como sector líder, para el desarrollo y crecimiento del país.

Dichas reglas deben de ser el eje rector de la regulación y deben respaldarse por una sola autoridad, con la suficiente fortaleza que haga respetarlas o en su defecto castigar al que no las cumpla. Debemos recordar que dichas reglas y castigos tienen que enfocarse en beneficiar a la sociedad y no en responder a intereses políticos ni privados, por lo que dicho órgano regulador debe ser independiente de las demás autoridades.

El verdadero problema

Sin embargo, la estructura regulatoria vigente en el sector hace evidente la falta de criterios únicos en la regulación r en la provisión de servicios convergentes de telecomunicaciones y la utilización eficiente del espectro para proveer todos los servicios técnica y económicamente factibles.

Pero si bien, los operadores tienen derecho a defender sus intereses particulares, su dimensión se magnifica por la subóptima estructura de gobernanza o, más bien, doble gobernanza que aplica al sector convergente de las comunicaciones, con dos actores relevantes, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).

Por lo tanto, es importante eliminar la doble ventanilla que existe actualmente.

Este tipo de decisiones entre dos órganos reguladores reduce la certidumbre en el sector y, con ello, limita la propensión a invertir por parte de los operadores al carecer de reglas claras, estables y conducentes en el desarrollo de las telecomunicaciones a nivel nacional.

Con todo, necesitamos tener una autoridad única para el sector convergente de las comunicaciones, radiodifusión y telecomunicaciones, que fomente un ambiente de certidumbre y sana competencia para el impulso y desarrollo del sector líder en la economía de México.