Las privatizaciones y/o liberalizaciones de la industria de telecomunicaciones de América Latina y el Caribe tuvo como una de sus múltiples consecuencias mostrar como un sector que anteriormente era sinónimo de crisis, deterioro y desactualización se convertía en eje clave de la economía. Independientemente de la posición filosófica o política antes como se trabajó la llegada (o regreso) de entidades privadas a proveer servicios de telecomunicaciones, lo cierto es que muy pocos despreciaron los miles de millones que acompañaban a los nuevos propietarios.

Localmente los cambios en las grandes urbes metropolitanas fueran extraordinarios, sobre todo en aquellas localidades que albergaban a los segmentos ABC+ de la economía. Mientras la antigua economía informal de las telecomunicaciones que veía su comercio en la venta de líneas fijas o incrementaba el valor inmobiliario de la propiedad con teléfono se hacía obsoleta, el modelo de facturación prepago intentaba democratizar (al menos para quienes no se ubican bajo los índices de pobreza extrema) el servicio de telefonía.

Nuevamente, modificaciones en los reglamentos para permitir esquemas como “el que llama paga” y la profesionalización de los esfuerzos de administrar correctamente el espectro radioeléctrico se tradujeron en miles de millones de dólares en nueva inversión para las economías regionales. En esos primeros años las tasas de crecimiento mensual eran asombrosas y las noticias continuaban siendo alentadoras. Aún en aquellos mercados donde el ingreso promedio por usuario en telefonía (ARPU por sus siglas en inglés) se reducía la gran masa de nuevos clientes junto a nuevos servicios como la mensajería de texto y la navegación a Internet servían para contrarrestar o al menos desacelerar la disminución del gasto mensual promedio que hacia cada cliente.

La industria continuó madurando y los requisitos de nuevas tecnologías inalámbricas fueron evolucionando para incluir fuertes inversiones en infraestructura que anteriormente no eran necesarias. Si por gran cantidad de años los pares de cobre que llevaban enterrados por décadas fueron suficientes para conectar alguna que otra antena, la llegada de una tecnología completamente IP prometiendo velocidades en los cientos de Mbps forzaba un replanteo de la arquitectura de red del operador. En otras palabras, había llegado el momento de la fibra óptica y los costos agregados que su despliegue puede tener en cada mercado.

Mientras esto ocurría el mercado global de telecomunicaciones continuaba su proceso de transformación por medio de la consolidación. Este proceso vio la desaparición de numerosos proveedores de infraestructura y dispositivos eliminando de esta forma la pelea sin frenesí que caracterizó la década final del siglo pasado y los primeros años del Siglo XXI. Los contratos donde se daba un 100% de financiación y el operador solo comenzaba a pagar cuando generara ganancias nunca regresarían.

Mientras se daban estos cambios con la llegada de redes más sofisticadas, dispositivos que en realidad son pequeñas computadoras y una cantidad incremental en uso de aplicaciones por las que el operador de telecomunicaciones no puede cobrar existe un factor que no mutó. Por el contrario, la expectativa recaudatoria de los gobiernos ante la llegada de las promesas de 4G y 5G ha incrementado. En este sentido, se espera que los operadores reduzcan los tiempos para ofrecer cobertura nacional poblacional superior al 95% mientras pagan por el uso y control de bloques de espectro radioeléctrico montos por MHz/POP superiores a los de muchas regiones de Estados Unidos o lo reflejado en mercados como Alemania, Reino Unido y Francia en los pasados veinte años.

Estamos en un presente en el que la mayoría de las autoridades de gobierno que contempla al sector de las telecomunicaciones lo que observa es la posibilidad de que sea este la gallina de los huevos de oro que permita cuadrar el presupuesto. Los estudios sobre el impacto de las telecomunicaciones en la sociedad, su posible impacto positivo en la economía y su imperiosa necesidad como elemento para promover transparencia y derechos humanos ha pasado a un segundo lugar.

¿Por qué en lugar de procurar grandes recaudaciones no se buscan proyectos que permitan conectar a quienes no tienen la posibilidad de utilizar servicios de telecomunicaciones? No hablo de simple cobertura, sino de una estrategia inclusiva para reducir la pobreza. Como he dicho antes, el desafío no es una simple cuestión de conectividad o acceso, es una cuestión de desarrollo e inclusión.

José F. Otero

TIC y Desarrollo

José F. Otero tiene más de 20 años de experiencia en el sector de las TIC. Esta columna es a título personal.