Hablar exclusivamente de los impuestos cuando nos referimos a las finanzas públicas ha sido un enfoque equivocado en nuestro país. Este error ha venido persistiendo a lo largo de las décadas, en donde la opinión pública es abrumada por la agenda de la clase política que vive en la dinámica constante de tratar de obtener la mayor cantidad de recursos de los ciudadanos sin retribuirles lo mínimo indispensable en términos de seguridad, salud y educación. La caída en la producción de petróleo nos ha llevado de 3 millones de barriles diarios a 1.6 en menos de 20 años, lo que ha provocado que los últimos gobiernos busquen ingresos por donde sea. A lo largo de estos años, lo anterior se ha hecho más evidente con la desmedida carrera por crear más y más programas sociales sin que ello se haya traducido en un incremento en el nivel de vida de las personas. Así, hemos alcanzado un país cuya economía se viene deshidratando bajo la constante lucha entre el Estado que busca allegarse de recursos y una parte importante del sector privado que busca una tajada del presupuesto. Como ejemplo concreto de esta insana dinámica, encuadraríamos el fracaso del IETU y el impuesto a los depósitos en efectivo; más claro con la mal llamada “reforma fiscal”, que aumentó la carga tributaria a los mismos contribuyentes de siempre al tiempo que el gasto de inversión venía decreciendo.

Las claras deficiencias que la mayoría de los países han mostrado en sus sistemas de salud como consecuencia del Covid, de nueva cuenta han provocado el debate con relación a cómo dotar de más dinero a los gobiernos. Entre tanto, las clases medias observan de manera preocupante cómo los políticos siguen exprimiéndolos para sostener un gasto público improductivo mientras se invierte poco para generar dinero fresco por la vía del crecimiento. El caso de México no es ajeno a esta realidad. No obstante, el dinero público no es de los gobernantes sino de los contribuyentes, como tampoco todo es impuesto-gasto; la deuda es clave. Tajante, el actual gobierno ha decidido no aumentar deuda, empero, la caída de nuestra economía iniciada antes del Covid y la pérdida del valor del peso frente al dólar, ha generado que aumente de forma considerable. Hemos pasado de 10 billones en el 2018 a más de 11 en tan sólo dos años. Es recomendable que el gobierno comience a adoptar un mejor manejo de la deuda pública para que su abultes sirva al menos para aumentar la inversión de la mano del sector privado como única vía para asegurar una sólida reactivación. Los angelitos Pemex y CFE se llevan 1 billón de presupuesto y los intereses de la deuda acumulada 600 mmdp. Estos intereses suman 14% del presupuesto cuando en el resto de los países de la OCDE es de 4 por ciento. Antes de hablar de más impuestos y menos gasto público deberíamos de hablar de la deuda: para qué sirve y para qué no.

@DrCarlosAlber10

Carlos Alberto Martínez

Doctor en Desarrollo Económico y Derecho

AUCTORITAS

Profesor en la Universidad Panamericana, Ibero y TEC de Monterrey. Ha trabajado en el Banco de México, la Secretaría de Hacienda, en Washington, DC y en la Presidencia de la República. Actualmente estudia el doctorado en Filosofía con investigaciones en el campo de la ética y la economía. Autor de libros en historia económica, regulación financiera y políticas públicas.