El índice de corrupción en México tiene la forma de la sonrisa del Guasón: es una U chueca, que bajó de 2001 a 2003 y luego ha vuelto a subir. Estamos casi en el mismo lugar que hace una década, pero eso no significa que estamos igual. Estamos peor porque hemos perdido muchas cosas en este periodo.

El índice nacional de corrupción de 2010 que presentó Transparencia Mexicana era 10.6 en 2001. Fue 10.3 en 2010. Si alguien tiene la capacidad de ver el vaso medio lleno, que nos explique cómo hacerle. No son tres décimas de mejora, sino una década de estancamiento.

Hace una década teníamos la esperanza de que las cosas podrían cambiar radicalmente. Pensábamos que el combate a la corrupción valía la pena y se podía ganar. Desde el gobierno, se instrumentaron políticas para aumentar los controles al gasto público y se pusieron en marcha reformas a las leyes de transparencia para convertir la rendición de cuentas en una obligación y el acceso a la información en un derecho ciudadano.

La corrupción resultó un hueso muy duro de roer. Duele reconocer que los cínicos tenían razón. Los avances son insignificantes, comparados con los retrocesos o el estancamiento. La simulación es algo más profundo de lo que parece.

Hay avances que podemos aplaudir, este es el caso de la reducción de las malas prácticas en los trámites relacionados con el Infonavit y la introducción de servicios públicos, como el agua, luz, drenaje y alumbrado, por ejemplo. Otros rubros no sirven para nutrir el optimismo. Se redujo el porcentaje de personas que tuvo que pagar por recibir su correspondencia. Es ahora una cuarta parte de lo que era en 2001. Faltaba más: entre el auge de los correos electrónicos y el boom de las empresas privadas de mensajería queda muy poco margen para empeorar.

En el combate a la corrupción, todos los retrocesos son graves, pero hay algunos que duelen más. La atención en urgencias en hospitales es una fuente de corrupción dos veces mayor que hace una década. Algo parecido ocurre con el trámite para visitar a un paciente fuera de los horarios permitidos.

Hablamos mucho de reforma educativa. ¿Por qué no comenzamos por garantizar que los exámenes son limpios y que las constancias educativas significan algo? Hay un foco de corrupción creciente en estos rubros.

No somos el país más corrupto del mundo, pero los rankings internacionales nos mandan señales de alerta. Éramos el número 59 en la tabla de Transparencia Internacional en el año 2000 y ahora ocupamos el sitio 98. No podemos hacernos tontos. El índice mide percepción y ahora nos ven más corruptos que hace una década. Percepción es realidad.

¿Qué podemos hacer? La corrupción es dinámica y perseverante. Las políticas que la combaten han sido lentas e intermitentes. Hay pequeña y gran corrupción. Eventual y estructural. Voluntaria y obligada por extorsión. Ningún país pretende eliminar todas estas categorías. Se trata de reducirlas a su mínima expresión.

Las mejores prácticas internacionales están llenas de sentido común. Reducir trámites que propicien corrupción. Invertir en educación que fomente valores cívicos. Premiar a funcionarios honestos y castigar a los corruptos. Profundizar la transparencia para garantizar que el sector público trabaje en caja de cristal y transformar el poder judicial. Hemos hecho poco y simulado mucho. La sonrisa del Guason nos lo recuerda.