Por algo los políticos son la clase social más despreciada -y mucha de ella la despreciable-. Si quieres saber lo que va a hacer un político en el gobierno, revisa sus promesas de campaña, porque justo va a hacer lo contrario una vez que esté en el poder. 

Nunca como en el caso de López Obrador este aserto ha sido realidad: no ha bajado la corrupción, ha militarizado al país, les entregó el gobierno a los militares, y lo más importante, para efectos de este artículo, prometió no tocar la reforma energética de Peña, incompleta y como todo, perfectible, pero un avance para lograr una mejor explotación de nuestros recursos petrolíferos. 

Y no sólo modificó la reforma eléctrica, a través de la Ley Combustóleo, sino que lo hizo en forma contraria a como lo haría un gobierno de izquierda: enterrando las energías renovables y fomentando las energías fósiles, una vuelta al pasado, contra el medio ambiente, la competencia y nuestros tratados comerciales. Tuvieron que venir los jueces federales para evitar tales daños a través del otorgamiento de la suspensión provisional en varios juicios de amparo. 

Y tenía que haber un segundo capítulo de esta leyenda de horror, que fue la ahora presentada y está siendo pseudodiscutida en ambas cámaras, lo que no es más que una farsa a lo que ha caracterizado el gobierno de López Obrador: promesas vacías acompañadas de golpes al sector privado. 

Ningún gobierno, por más de izquierda que se precie de serlo, puede prescindir en una u otra forma de los particulares. Al sector privado corresponde generar la riqueza; al gobierno regular la actividad económica y redistribuir la riqueza y asegurar los derechos de propiedad. 

El derecho a la propiedad privada -si bien está gravado por una hipoteca social- es un derecho natural, confirmado desde Tomás de Aquino, hasta los liberales, neoliberales y el pensamiento social católico. Aunque hay momentos en que puede justificarse la titularidad pública de la riqueza, cuando los particulares no están en condiciones de desarrollarla, no es el caso de la presente crisis, donde lo que hay que hacer es fomentar la inversión, pública y privada, pero sobre todo esta última, creando las condiciones sociales óptimas de tranquilidad para que los privados se animen a emprender la actividad económica. 

Con la contrarreforma energética en materia de hidrocarburos, hay un artículo que prácticamente da cheque en blanco al gobierno para expropiar activos en manos de particulares, sin seguir las condiciones de la Ley de Expropiación y otorgando ventajas indebidas a Pemex, quien podría hacerse cargo de tales activos. Ni que decir cabe la lluvia de amparos que acompañarán a su publicación. 

No estoy en contra de una regulación del sector público, ni de cierta intervención de éste en la economía, hasta el grado de convertirse en empresario si es necesario, pero repito, ningún gobierno que también se precie de izquierda puede operar al margen con un entorno contrario al sector privado, desalentando el derecho de propiedad -llave para que pueda operar la competencia económica- o favoreciendo la arbitrariedad del gobierno en turno, que no es otra cosa el aspecto toral de la contrarreforma petrolera. 

¿No se está dando cuenta AMLO de la fuga de capitales que azota al país? ¿Que hemos dejado de estar entre los 25 países más favorables a la inversión extranjera? ¿Que el año pasado -en cifras oficiales- caímos un 8.5%? Abra sus ojos, señor López Obrador, antes de que nos volvamos otro Centroamérica. 

*El autor es Máster y Doctor en Derecho de la competencia, Profesor Investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana y miembro nivel I del Sistema Nacional de Investigadores.