La Constitución establece el derecho de los mexicanos a participar en procesos de “revocación de mandato”. La medida se concibió como un mecanismo adicional al juicio político para resolver el problema de un ejecutivo fallido. De forma extraordinaria, un presidente de la República, electo por un periodo de servicio fijo de seis años, puede ser removido de su encargo por su incapacidad para la conducción política del país.

Pero, el presidente López Obrador y sus seguidores de Morena quieren otra cosa: una consulta ratificatoria. Ante la falta de resultados después de tres años de gobierno, pretenden utilizar la figura de la ratificación de mandato para mostrar el principal logro: la persistente popularidad del titular el Poder Ejecutivo. Al igual que las celebridades son famosas por ser famosas, López Obrador parece ser popular por ser popular.

Desde luego, la consulta tiene una lógica política. Por un lado, busca mostrar a la oposición el músculo político del presidente López Obrador, con el fin de intimidar a sus críticos y detractores. Por otro, tiene la intención de afianzar su liderazgo sobre el movimiento político que lo llevó al poder en 2018 y contener las divisiones internas de cara a la sucesión presidencial.

El carácter ratificatorio de la consulta quedó establecido en la propia Ley Federal de Revocación de Mandato aprobada por la mayoría de Morena en el Congreso. En lugar de una pregunta sencilla sobre la destitución del presidente de la República, con un “Sí” o un “No” como posibles respuestas, optaron por una más favorable a su causa. Morena quería evitar una campaña a favor del “No” y prefirieron salir a pedir el voto por “Que siga en la Presidencia”.

Aún así, la consulta revocatoria del presidente López Obrador tiene sus riesgos. En primer lugar, los seguidores del político tabasqueño tienen que conseguir 2 millones 758,227 firmas –el equivalente al 3% de la lista nominal de electores– en un plazo de 45 días. A Morena le sobra la maquinaria, pero le puede hacer falta el tiempo. Mantener un promedio diario de 62,000 firmas suena más sencillo de lo que es.

Por ello Morena intentó por todos los medios que se pudieran recabar los apoyos en formatos de papel. Ello le habría permitido recurrir al fraude de forma masiva, en caso de que el tiempo no les alcanzara. Así lo hicieron el año pasado para la consulta popular sobre el juicio a los expresidentes, gracias al respaldo del Congreso que les permitió seguir presentando firmas en papel.

Pero ahora el INE les cerró el paso. Estableció la obligación de utilizar un dispositivo móvil (teléfono celular) y una app para capturar tanto la imagen de la credencial para votar como la foto viva de los ciudadanos, con el fin de autenticar su identidad. Esta tecnología probó su efectividad en 2018 para garantizar la autenticidad del apoyo ciudadano a aspirantes a candidatos independientes. En 2021 podría servir para evitar una revocación de mandato fabricada.

El siguiente problema al que se enfrentarán los seguidores del presidente López Obrador en su afán por ratificar su mandato tiene que ver con la tasa de participación. Al igual que la consulta popular celebrada en agosto, la cifra relevante no será el porcentaje de quienes se pronuncien a favor de que “se le revoque el mandato” o “que siga en la Presidencia”, sino la proporción de ciudadanos que acudan a las urnas a votar.

Un porcentaje de participación bajo tendrá un fuerte sabor a fracaso, como el que dejó la consulta popular de agosto pasado. En aquel entonces una pregunta incomprensible, como la aprobada por la Suprema Corte de Justicia, causó en parte el desinterés del electorado. Sin embargo, superar la indiferencia de los votantes a una consulta ratificatoria no será tarea fácil. La gente no le ve mucho sentido a una nueva elección costosa y extraña, ajena a las tradiciones democráticas del país.

*El autor es profesor del CIDE.

Twitter: @BenitoNacif

Benito Nacif

Profesor

Voto particular

El Dr. Benito Nacif es profesor de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Fue Consejero Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) del 2014 al 2020 y del Instituto Federal Electoral (IFE) del 2008 al 2014.

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