Este 1 de julio del 2020 entra en vigor el T-MEC, la versión renovada del TLCAN que inició su operación el recordado primero de enero de 1994 (además del acuerdo comercial, ese día es recordado por la irrupción del Ejército Zapatista). Entre las novedades se encuentran modificaciones sustanciales en el ámbito laboral, las reglas de origen y la creación de paneles bilaterales, entre otras. La competencia económica recibe atención especial, pues se le dedica el capítulo 21.

El tratado establece que cada uno de los países firmantes mantendrá leyes de competencia, que prohíban conductas anticompetitivas, promuevan la competencia y permitan el aumento de la competencia, para beneficio de los consumidores.

Aunque cada país aplicará estas leyes a las actividades comerciales en su territorio, el tratado extiende la aplicación transfronteriza de las leyes nacionales cuando exista un vínculo apropiado con la jurisdicción, entiéndase cuando las conductas en un país repercutan en otro. Este principio ha sido defendido y aplicado por los EUA desde el viejo caso Standard Oil hace más de 100 años. Su inclusión en el acuerdo comercial anticipa que podríamos enfrentar los primeros casos de responsabilidad de mexicanos ante las autoridades de los EUA.

Los países se reservan la facultad para establecer las exenciones que estén basadas en el interés público o sean motivadas por razones de política pública. ¿Cómo serán evaluadas las modificaciones a la política energética en el contexto del acuerdo trilateral?

Algo importante, en el contexto de la reciente discusión sobre la reforma de los órganos autónomos, es que hay la obligación de contar con autoridades nacionales de competencia, que en sus políticas deberán dispensar el mismo trato a las personas de los tres países y considerar los efectos de sus decisiones sobre las otras jurisdicciones.

Las autoridades nacionales de competencia deberán aplicar principios de justicia procedimental. Entre otros aspectos: serán transparentes respecto de la aplicación de su normatividad; aplicarán procedimientos sujetos a plazos definitivos o razonables; ofrecerán la oportunidad a los sujetos de contar con la debida representación y auxilio de sus asesores legales; reconocerán el privilegio para las comunicaciones legales entre la persona y su abogado; y establecerán los mecanismos de consulta a los involucrados en fusiones para obtener sus opiniones relativas a la transacción.

La carga de la prueba de presuntas violaciones a la ley recaerá en las autoridades, quienes además deberán hacer públicas sus resoluciones finales. Los sistemas jurídicos permitirán a los responsables de violar las leyes la oportunidad para ser retroalimentados sobre las preocupaciones de las autoridades y tendrán acceso a la información necesaria para preparar su defensa. Para ello además existirán los mecanismos para que los agentes puedan solicitar la revisión judicial.

De manera importante, el T-MEC prevé una mayor cooperación entre autoridades. Esta colaboración deberá trascender el ámbito de lo formal y probablemente se manifestará en la coordinación de investigaciones, lo cual está se encuentra alineado con la tendencia internacional. Asimismo, hay un reconocimiento de la labor de los organismos multilaterales promotores de la competencia.

El T-MEC nos obligará a mejorar la aplicación de nuestras leyes de defensa de los consumidores. En particular, el país deberá combatir con mayor eficacia actividades fraudulentas o engañosas. Además, deberá haber una mayor coordinación sobre estos temas con nuestros socios comerciales.

Son muchos los temas tratados en el T-MEC sobre la materia de competencia. Las disposiciones fundamentales del tratado buscan el fortalecimiento en la aplicación de la política de combate a los monopolios, para beneficio colectivo. Para tener éxito, se requerirá de instituciones técnicas, sólidas, eficientes y dotadas de recursos financieros. Este es el contexto en el que deberá darse la discusión sobre la posible reforma al sistema.

*Socio Director de Ockham Economic Consulting, empresa de consultoría especializada en competencia económica, regulación y análisis de mercados.

Javier Núñez Melgoza

Consultor

Competencia y Mercados

Consultor en Competencia Económica y Regulación, además es profesor universitario.