Resulta una verdadera molestia la cantidad de repeticiones en los medios, acerca de lo bien que dicen las autoridades que van las cosas, aunque la verdadera aberración es que esas autoridades lo crean. Cuando pasamos a los baños de pureza de los legisladores, diciéndonos lo bien que legislan para nuestro bienestar, más les convendría un poco de humildad y modestia, ante su incapacidad para generar acuerdos que en verdad trabajen para sacar al país de su marasmo y ante su ignorancia de los verdaderos mecanismos para hacer que algunas cosas funcionen.

De inicio, los legisladores siguen convencidos de que el sistema de precios y el mecanismo del mercado es una invención de algún tecnócrata. Piensan, y esto es ya una aseveración mayúscula, que es mejor prohibir ciertas compras en lugar de dejar que el mecanismo de precios realice la función de asignar recursos.

Una de tales funciones es dejar que las familias decidan lo mejor para gastar su dinero, tomando en cuenta sus necesidades y post precios de los productos que pueden satisfacerlas.

Sería genial, pensándolo bien, que diseñaran la tabla del gasto; esto es, publicaran en el Diario Oficial la lista de lo que las amas de casa pueden comprar y lo que está prohibido, aunque antes de que se entusiasmen, hay que decir que esto es imposible.

Se quejan algunos productores de bienes agropecuarios que las importaciones ilegales, léase, el contrabando, los está sacando del mercado.

El contrabando es un delito; sin embargo, con todo y prohibición se practica abiertamente, por lo que les recomendamos que en lugar de prohibir más, vean la diferencia entre el precio al que venden en el mercado interno y el precio al que entran los productos contrabandeados y se llevarán una sorpresa.

Una regla de finanzas públicas dice que en lugar de prohibir ciertas actividades, como fumar, embriagarse, faltar al trabajo y contaminar, entre otras, es mejor subir el precio de los bienes utilizados para realizarlas, como el tabaco, la gasolina, el carbón, el alcohol y los descuentos por faltas. En este sentido, gravar la comida chatarra podría ser un mejor mecanismo para disminuir su consumo, en lugar de prohibirlo.

Los productores de estos alimentos se van a quejar ante el tribunal de la inquisición, pero de nuevo, si la autoridad utiliza el mecanismo de precios, diseñará un incentivo para que cambien su línea de productos. En subsidios ni piensen.

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