Uno de los aspectos más interesantes de cualquier ejercicio eleccionario es conocer cuáles son las plataformas de trabajo de cada uno de los candidatos. Me refiero al listado de promesas que durante sus campañas publican como catálogo de soluciones a todos los problemas de la sociedad. Lo interesante de estas publicaciones es que teóricamente sirven para proveer una idea sobre cuáles son las posibles iniciativas que tomaría el candidato de ser elegido. En este sentido, para el sector de telecomunicaciones es una guía sumamente importante, pues muestra de forma resumida diversas iniciativas para impulsar la innovación tecnológica y democratizar la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs).

El lado negativo de leer estos libros de instrucciones para arreglar la sociedad es que están llenos de clichés y declaraciones políticamente correctas que al final de cuenta no dicen nada. O, lo que es peor, aún si fuesen aplicadas según han sido escritas seguramente el ciudadano común no experimentaría gran cambio en su diario vivir. La semana pasada en mi columna en este espacio hice referencia a uno de los mayores clichés del sector de telecomunicaciones, al escribir: Hay que ser cuidadoso, cobertura no implica disponibilidad del servicio para los habitantes de zonas rurales .

Esa frase se le quedó grabada a varios actores del sector mexicano de telecomunicaciones que inmediatamente me contactaron para preguntarme a que me refería. Simplemente a que cualquier iniciativa que implemente el gobierno para que teóricamente distintos operadores obtengan cobertura en zonas rurales del país es incompleta si no se obliga a que la misma vaya acompañada de puntos de venta y atención al cliente. La semana pasada utilicé como ejemplo la cobertura geográfica que tienen los operadores de servicios de TV paga satelital en el mercado –básicamente todo el país– y la presencia comercial que tienen estas empresas en zonas rurales de bajo poder adquisitivo.

Asimismo, un operador móvil virtual o MVNO que entra al mercado no necesariamente decide ofrecer servicios en todas las localidades atendidas por el operador móvil que le alquila capacidad. Como se puede observar estamos frente a un tema muy importante, pues las empresas lógicamente desean tener presencia en aquellas zonas geográficas donde consideran van a tener un retorno de inversión rápido. En otras palabras, se crean espacios geográficos con un alto número de ofertas de una multiplicidad de competidores mientras otros sólo cuentan con un proveedor o simplemente carecen de cualquier tipo de cobertura.

Esta realidad antes descrita –que no es nueva pero si ignorada– tendría que ser tomada en consideración al momento de establecer la política pública del sector de telecomunicaciones. Por un lado, es inmensamente necesario fomentar la inversión en infraestructura e innovación tecnológica y, por otro, es igual de necesario facilitar la entrada de nuevos operadores por esquemas que pueden incluir reventa de servicios y topes de espectro. Sin embargo, hay que comenzar a considerar que muchas de estas iniciativas podrían no tener el mismo impacto si al implementarse no se incluyen requisitos dirigidos a beneficiar a los habitantes de zonas rurales por medio de un incremento en las alternativas que poseen para acceder a la contratación de servicios de telecomunicaciones.

El primer paso es incrementar el alcance geográfico de todos los operadores de telecomunicaciones del mercado. Las alternativas que se pueden barajar incluyen requisitos de inversión y cobertura geográfica fuera de las áreas de alta densidad poblacional. Pero el segundo paso es imponer obligaciones de comercialización de los servicios en las zonas rurales donde cuentan con cobertura. Por ejemplo, en un entorno de compartición de redes (de ser forzada por el gobierno y no el caso de Movistar-Iusacell) y desagregación del bucle local en el que no se imponen obligaciones de establecer puntos de ventas en localidades de bajo poder adquisitivo, lo que se arriesga es el descreme de los mercados más atractivos.

Además, esta condición podría evitar que se fomente la desinversión por parte de los operadores que consideren que no deben invertir para que otros utilicen sus redes. Por otro lado, sería una forma viable para que los habitantes de las zonas rurales comiencen a experimentar la entrada de competencia en sus mercados.

Me parece que ya todos estamos convencidos de que impulsar la competencia en telecomunicaciones y fomentar el crecimiento de los servicios de banda ancha beneficia al país. Es hora de que la inversión en zonas rurales acompañe a los buenos deseos, pues al final de cuentas sin fuerte inversión no hay desarrollo.

*José F. Otero es presidente de Signals Telecom Group.

Twitter: @Jose_F_Otero