Leo con atención una columna publicada el pasado viernes en El Economista con el título “La ciudad necesita a Claudia”. En ella se expresan básicamente dos argumentos: terminar con la improvisación y frivolidad, y que la candidatura de Sheinbaum es la continuidad de las políticas de Ebrard y López Obrador, más el expertise propio en materia ambiental y política pública.

A pesar de que dicha columna está mejor documentada en números y datos que otras que simplemente afirman que deben ganar porque están arriba en unas cuestionables encuestas, la realidad es que siguen siendo columnas viciadas de origen con errores profundos y con argumentos falsos. La candidata y sus voceros o no han comprendido el problema real de la ciudad o pretenden hacerlo invisible, lo que implica un verdadero problema institucional con efectos dramáticos para los ciudadanos.

El verdadero problema radica en el sistema que instalaron en la ciudad desde hace 20 años —del que López Obrador y Ebrard fueron los artífices— y que hoy se ha hecho visible en las áreas más sensibles: seguridad, servicios públicos y movilidad.

Este sistema implicó la democratización de la corrupción, la falta de aplicación de la ley y el dispendio de recursos en programas sociales (para esconder el verdadero fin) que no ha reducido la desigualdad ni brindado oportunidades de movilidad social con el fin de darle cabida, influencia e incentivo a los lastres de pseudolíderes delegacionales hasta que se apropiaron del gobierno entero de la ciudad (y a Miguel Ángel Mancera en el camino) con sus políticas o complejos, y que implican satisfacción de intereses económicos personalísimos. Es decir, se les permitió participar activamente del botín.

Para ello, utilizaron cuatro vías de acceso: el comercio popular, que llegó hasta el cobro de piso de entre 200 y 400 pesos por metro cuadrado en las avenidas principales de la Ciudad de México; el transporte público, a través de cuotas, moches a costa de concesionarios o la extorsión a los informales; verificación de construcciones en las colonias de la ciudad y aprobación de megaconstrucciones —cobrando a los primeros por no clausurarles o permitir construir pese al estado de clausura entre 200,000 y 500,000 pesos y a los segundos cobrarles con un departamento por piso excedido, y hoy con hasta tres departamentos en una torre de 20 pisos— y cobro a establecimientos mercantiles dependiendo de su ubicación e ingreso, y finalmente, la gota que derramó el vaso, el narcomenudeo, donde evidentemente están involucrados.

Es un verdadero sistema y funciona como tal, con incentivos y sanciones, con premios y castigos. Un sistema que funcionó de tal manera que los empleados se apropiaron de sus dueños, y creadores, y por ello se salió de control. Por ambición, falta de capacidad y competencia.

Hoy pretenden cambiar a los caciques delegacionales, que por supuesto ayuda, pero no resuelve el fondo. Los de ayer cuando estaban otros, ya los olvidaron, y los de mañana cuando ellos pretendan gobernar, serán nuevos, aunque con los mismos principios.

No, ése no es futuro, es pasado. Lo que se requiere es un cambio de raíz de sistema, de institución, ejecución y administración. Es lo que busca Mikel Arriola en la ciudad, que comprende la dimensión del problema y sus orígenes.

Por ello, hay que repensar si de verdad lo que se necesita es a Claudia o es poner en duda el sistema mismo —que la incluye— y todo lo que implica y que no ha reconocido en absolutamente ningún discurso hasta el momento para hacer creíble el cambio que promete.