La equidad de género, por mandato legal. Los senadores quieren que al menos la mitad de los comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información sean mujeres y con la legislación que están a punto de aprobar, ingresarán otras dos comisionadas al pleno del órgano garante.

La próxima vacante se abrirá el próximo año, cuando la actual comisionada presidenta, Ximena Puente de la Mora, concluya su encargo. La nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información prevé una amplia consulta a la sociedad antes de elegir a la próxima comisionada, que deberá conseguir el respaldo de las dos terceras partes de los legisladores.

El nombramiento podrá ser objetado por el presidente de la República. En ese caso, la Cámara de Senadores nombrará una nueva propuesta, pero deberá obtenerse una votación de al menos las tres quintas partes de los legisladores.

¿La autonomía de los comisionados del INAI, en vilo? Los legisladores que integran las comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación y de Estudios Legislativos II del Senado aprobaron el dictamen que será sometido a votación en el pleno. Por esa vía quedará abrogado el marco legal expedido hace 13 años.

El dictamen presume de las consultas realizadas a los actores sociales y políticos involucrados en los temas de transparencia y rendición de cuentas. Y también, de las audiencias en las que participaron los comisionados del INAI. Esas opiniones, destaca, y las coincidencias en las tres iniciativas que estaban en trámite son el fundamento del documento suscrito por las comisiones unidas.

Pero un colectivo por la transparencia, integrado por representantes de ONG y reconocidos académicos, consideró que la propuesta incumple con las expectativas y alertaron sobre el contenido contrario al espíritu de la reforma constitucional en la materia, particularmente en lo concerniente a la obligación de generar información y el recurso de revisión en materia de seguridad nacional.

La participación ciudadana en este caso fue estéril , definieron, toda vez que no se atendieron las principales preocupaciones (...) El dictamen suprime avances para el ejercicio del derecho de acceso a la información. Es incongruente respecto de la Ley General de Transparencia y -por si fuera poco- va en contra de las garantías constitucionales de audiencia, seguridad jurídica y del principio pro persona, con lo que se abre una ventana inaceptable a la arbitrariedad y a la judicialización del derecho , advirtieron.

Y en una continuación de los criterios que han prefigurado las autoridades judiciales, los legisladores despojarían al INAI de sus potestades para determinar acceso a información sobre violaciones graves a derechos humanos. En sentido opuesto, darían al consejero jurídico de Los Pinos la facultad de interponer un recurso de revisión, en materia de seguridad nacional.

Las limitaciones al INAI derivan de su posición ante casos de alto impacto, como San Fernando, Tlatlaya o Ayotzinapa. De aprobarse la nueva ley, los comisionados perderían la facultad de ordenar la desclasificación de información relacionada con violaciones graves a derechos humanos cuando a primera vista (prima facie) y sin prejuzgar determine que la información está relacionada con estos sucesos.

El dictamen preve excepciones para el acceso a la información que los comisionados del INAI deben tener a fin de determinar si la información solicitada es de interés público y resolver el recurso de revisión. El artículo 153 del proyecto propiciaría que cualquier resolución que niegue el acceso al solicitante sea arbitraria.

Y el artículo 156 fracción V del proyecto deja en desventaja a los solicitantes de información frente a los sujetos obligados al permitir que estos últimos, en cualquier momento, pidan audiencia para la sustanciación del recurso de revisión.

Tampoco se faculta al INAI, como sí a los comités de transparencia, para ordenar cuando así proceda la generación de información. Asimismo, se hace necesario que las resoluciones fijen las medidas de apremio o sanciones a las que haya lugar cuando hubiere dado cuenta de faltas o violaciones a la ley por los sujetos obligados.

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