Deben explicar la diferencia entre privatización y apertura.

Todos hablan de una iniciativa de reforma en materia energética que no existe. Es la oportunidad para los grupos opositores de crear confusión en la opinión pública y llamar privatización de Pemex a la apertura al sector privado.

Contra la ignorancia estaría el conocimiento. Si ese fuera el caso, sobraría quien les explicara a muchos de nuestros políticos la diferencia entre privatización y apertura. Pero contra la mala leche, ¡nada!

Al PRD podrían ponerles como ejemplo que apertura al capital privado es algo como lo que hizo López Obrador en la ciudad de México, donde regaló bosques enteros en Santa Fe a cambio de la construcción de un puente. O bien los segundos pisos.

¿Cuándo se presentará la iniciativa de reforma energética? ¿Quién presentará un planteamiento de ese tipo? Son preguntas que hoy no se han respondido del todo.

Hay contradicciones entre el Poder Ejecutivo y los priístas del Congreso sobre la conveniencia de discutir eso en las cámaras en este periodo ordinario de sesiones, o bien, en el que iniciará en septiembre.

El Pacto por México sería razón suficiente para que los partidos firmantes fueran los autores de una iniciativa en materia energética. Pero la oposición quiere que si hay desgaste político con el tema solo se pudiera adjudicar a la casa presidencial.

Pero mientras esperamos que se cumpla la palabra empeñada de proponer cambios legislativos en el sector energético y vemos si se trata realmente de un cambio estructural profundo o un poco más de maquillaje, como ya estamos acostumbrados, en este sexenio otro poder ya inició los cambios profundos en el sector de las energías.

Si un cambio estructural se hizo el gobierno pasado fue la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC). Sin el concurso del Poder Legislativo, con la ira del Sindicato Mexicano de Electricistas y el aprovechamiento político de las llamadas izquierdas, el gobierno de Calderón se atrevió a hacer algo muy bueno para el país entero.

Porque si bien LFC sólo surtía de energía a tres estados y el Distrito Federal, su costo financiero impactaba en las finanzas de toda la nación.

El Congreso tuvo su participación implícita con la no asignación de recursos presupuestales en los paquetes económicos de los años siguientes a la decisión presidencial.

Pero el punto final, la decisión que faltaba, lo que redondea la desaparición de LFC es la determinación que tomó esta semana la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Con menos proyección y seguimiento que la discusión del caso de Florence Cassez, la Corte decidió que la Comisión Federal de Electricidad no podría asumirse como patrón sustituto de los trabajadores de LFC, por la personalidad jurídica y patrimonio propios de los que gozaba la compañía eléctrica liquidada.

Esto es un gran cambio estructural terminado, es la conclusión del trabajo empezado por el gobierno anterior y es, hablando del sector energético, la primera gran modificación en materia energética en lo que va de este sexenio.

La certeza jurídica que esta acertada decisión de la Corte ofrece al gobierno de Peña Nieto es crucial. Ya no hay posibilidad de que el SME pudiera comprometer las finanzas públicas.

Claro que ahí estará presente la presión política. Ahí está la manifestación y desquiciamiento de las calles de la ciudad de México, tal como ocurrió ayer. Seguirán siendo piedra angular de los que usan a los extrabajadores eléctricos como carne de cañón para los planes políticos de un pequeño grupo. Pero eso de cualquier forma sucede, con o sin el SME.

La primera piedra

Por una parte, desde los medios exigimos que los gobiernos locales cobren impuestos para que dejen de depender de las partidas federales y no pidan dinero de manera irresponsable.

Pero al mismo tiempo, cuando los gobiernos cobran impuestos, cuando dejan de subsidiar a los ciudadanos, nos indignamos, los criticamos y muchas veces provocamos que den marcha atrás.

Ojalá que el Gobierno del Distrito Federal resista la andanada y no se eche para atrás en el cobro correcto del impuesto Predial.

Lo que sí exigimos es todo ese dinero que están sacando de nuestros bolsillos se use de una manera eficiente, que se note en los servicios de la ciudad y sobre todo con honestidad.

Porque ver delegados tan avorazados que llenan de ambulantes las calles o asambleístas que cobran millones, hacen comisiones y dan tan pobres resultados como modificar la ley para exonerar vándalos delincuentes, así sí da coraje pagar impuestos.

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