En un país acostumbrado a que el Presidente dicta, manda y perdona, no pareció extraño que Andrés asumiera la responsabilidad de haber mandado suspender el operativo en Culiacán, para detener a Ovidio Guzmán. No tuvo el cuidado, sin embargo, de considerar las muchas consecuencias jurídicas de su dicho.

En efecto, la cultura política de nuestro país, se ha construido a lo largo de los dos siglos de nuestra independencia, sobre la idea de que él de la punta de la pirámide es y debe ser él que todo lo puede y todo lo resuelve. Por más que hemos tratado de construir instituciones y desterrar esa idea del imaginario político e institucional desde los años 30 del siglo pasado, en una buena parte de la población, que incluye a funcionarios públicos, la consigna prevalece: el que manda esta arriba y él lo resuelve.

Las pruebas de lo anterior están a la vista todos los días. Decenas o cientos de personas que se arremolinan en torno a la camioneta presidencial, pidiendo toda clase de soluciones. Pero anida también en los funcionarios que justifican todo el tiempo su acción en la frase conocida: son ordenes de arriba. El tema da para todo un ensayo, mi preocupación sin embargo, es que queriendo romper toda la institucionalidad creada durante los últimos 40 años o más, el presidente se empeña en volver a las épocas de caudillos y jefes. De que sea o, por lo menos parezca, que todo lo decide el presidente de la República. Haciendo eso, sin embargo, toca los límites de la ilegalidad, si no es que en algunos casos los rebasa, como ya le ha hecho ver la Suprema Corte de Justicia con diversas leyes propuestas y decretos inviables.

Es el caso al asumir la responsabilidad de la liberación de Ovidio. Tan así es la posible ilegalidad, que Alfonso Durazo se ha cuidado durante todos estos meses de jamás asumir personalmente la responsabilidad del operativo y de la liberación de aquel. Siempre ha dicho que “fue el gabinete de seguridad el que tomó la decisión”. La declaración no es gratuita. El código penal establece en una serie de artículos, el 150 por ejemplo, que explícitamente dice que quien ayude a la evasión de un delincuente y peor si ese delincuente lo es por delitos contra la salud, se le impondrán 15 años de prisión y si el que lo ayudase a evadirse, es un funcionario público, se le impondrán un 30% más de años, se separará del empleo y se le inhabilitará por 8 a 12 años.

Se entienden entonces, las previsiones de Durazo. Lo malo es que el presidente, que todos los días nos quiere restregar que él manda, al asumir la responsabilidad directa de ordenar la liberación de Ovidio, podría caer en el supuesto del 150, del Código Penal. Y, con ello, lo que si hace es trasladarle toda la culpa de la liberación, eso si, a Durazo y a los miembros del gabinete de seguridad.

Sencillamente no entiende que la ley está obligado a cumplirla él y todo su gabinete y que no hay razones humanitarias que valgan para la Ley o para un juez. Grave actitud, porque en ello se va la credibilidad y la certeza de que la ley habrá de cumplirse. Nada menos y nada más.

Miguel González Compeán

Abogado, politólogo y economista

Columna invitada

Ensayista e interesado en temas legales y de justicia. actualmente profesor de la facultad de derecho de la UNAM.