En México los mecanismos alternativos de solución de controversias, llamados también equivalentes jurisdiccionales o procedimientos de justicia alternativa, son ya una institución tan reconocida por la Constitución y la legislación, como lo es la administración de justicia. Fomentan la participación activa de la sociedad civil y presentan algunas ventajas sobre los procedimientos judiciales formales.

El movimiento de adopción de mecanismos alternativos de solución de controversias legales en México es anterior a la reforma al artículo 17 constitucional de 2008, surge a nivel de las entidades federativas a partir de 1997. Actualmente existen treinta entidades federativas que cuentan con instituciones especializadas en la prestación de servicios para la gestión y resolución de controversias en sede judicial utilizando mecanismos alternativos, veintiocho de esas entidades federativas les han dado fijeza a sus respectivas políticas de justicia alternativa en la legislación.

Sin embargo, no existe unidad de criterios o estándares mínimos aplicables en cuanto a la formación y los requisitos de certificación de mediadores y conciliadores, o los efectos de los convenios que resultan de estos mecanismos alternativos. Esta situación dificulta que en el país se comparta un lenguaje común respecto de dichos mecanismos de resolución de disputas, por ello resulta necesario que se homologuen los principios que los rigen, los procedimientos, las etapas mínimas que los conforman, la definición de su naturaleza jurídica, los requisitos que deben cumplir las personas que fungen como mediadores, facilitadores o conciliadores, e incluso la regulación de los mecanismos para atender conflictos comunitarios, esta homologación es uno de los objetivos que ha de lograrse con una Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, homologación que habrá de reflejarse y desarrollarse en las leyes locales.

El Congreso de la Unión ya está expresamente facultado para expedir la ley general que establezca los principios y bases en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, con excepción de la materia penal, que ya está regulada en otras disposiciones.

La tendencia general en Europa, Sudamérica y de México es reconocer a la mediación como el mecanismo alternativo de solución de controversias por excelencia. En nuestro país, la Constitución de la Ciudad de México y veintitrés de las veintiocho leyes locales en materia de justicia alternativa regulan expresamente la mediación, pues es este mecanismo el que representa mayores ventajas en la gestión y resolución de conflictos.

Una de las ventajas de la mediación, es el alto índice de cumplimiento de los convenios que se suscriben, ello se debe, principalmente, al método de ese mecanismo que impide que el mediador formule sugerencias, propuestas o que induzca o convenza a las partes respecto de una solución específica. En lugar de ello, se enfoca en que las partes construyan sus propias soluciones y en facilitar que reflexionen sobre las medidas que puedan aumentar la probabilidad de cumplimiento.

La construcción del marco legal está todavía en proceso y su consolidación y homologación ha enfrentado inercias, intereses y protagonismos que han obstaculizado su desarrollo y la consolidación de un sistema mexicano de mediación. Existen algunos avances en el proceso legislativo, en diciembre de 2017 el Ejecutivo Federal remitió a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión iniciativa de Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, misma que fue aprobada con algunas modificaciones en abril de 2018. Se remitió a la Cámara de Senadores el expediente con la Minuta y Proyecto de Decreto en ese mismo mes.

Tanto la iniciativa como el proyecto de decreto aprobado por los diputados, contienen imprecisiones y defectos. Por ello es recomendable que en la Cámara de Senadores se haga una revisión exhaustiva para que se corrija y, en su caso, se apruebe una Ley General que signifique un avance en materia de justicia alternativa.

Por ejemplo, quizás el error más grave, es que el dictamen cancela la mediación mercantil de manera equívoca, pues esa materia es concurrente. Si los juzgados de los Tribunales locales son competentes en materia de juicios mercantiles, no se aprecia razonamiento alguno para reducir el ámbito de competencia de los mediadores públicos y privados.

* Pascual Hernández Mergoldd es abogado y mediador profesional, [email protected]ón.com.mx.

Pascual Hernández Mergoldd

Abogado y mediador profesional

Columna invitada