Aunque en el pasado reciente, en diversos países incluido México, los poderes legislativos tomaban la decisión final sobre el desenlace de una elección, en el transcurso de los últimos años se ha visto una tendencia a la judicialización de los procedimientos electorales. En la actualidad, los órganos judiciales son, de manera creciente, los responsables de resolver los conflictos electorales y de garantizar que estos se resuelvan dentro del marco de la legalidad.

La Justicia Electoral es una expresión del Estado de Derecho y la garantía fundamental de cumplimiento con el principio democrático de que las elecciones han de ser libres, justas y auténticas.

Como hemos afirmado a lo largo de esta serie La Cultura de la Paz, la mediación es el mecanismo alternativo de solución de controversias, llamada también equivalente jurisdiccional o procedimiento de justicia alternativa, que además de fomentar la participación activa de la sociedad civil presenta algunas ventajas sobre los procedimientos judiciales formales, y sobre otros mecanismos alternativos de solución de controversias.

La inclusión de la mediación para la gestión y solución de los conflictos relacionados con derechos políticos electorales debe avanzar y consolidarse como parte de la Justicia Electoral.

La mediación electoral ya está sembrada en los documentos básicos de algunos partidos políticos, aunque todavía no se le defina expresamente:

1) En el caso del Estatuto Orgánico de MORENA, prevé en su capítulo sexto, denominado De la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que “En MORENA funcionará un sistema de justicia partidaria pronta, expedita y con una sola instancia. Se garantizará el acceso a la justicia plena.” (artículo 47, segundo párrafo) y que “Para una eficaz impartición de justicia, el reglamento respectivo considerará los medios alternativos de solución de controversias sobre asuntos internos de MORENA, …” (artículo 48). En su artículo 49, establece que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia tendrá, dentro de sus atribuciones y responsabilidades, el establecer mecanismos para la solución de controversias mediante la conciliación y el arbitraje entre las partes. En el artículo 49 bis establece que tendrá la obligación de promover la conciliación entre las partes de un conflicto antes de iniciar un proceso sancionatorio.

2) Los Estatutos Generales del PAN, en su capítulo séptimo, relativo a las Comisiones del Consejo Nacional, establece que la Comisión de Conciliación y Defensa de los Derechos de los Militantes contará con las atribuciones de mediación y avenimiento, como instancia de defensa de los militantes que consideren vulnerados sus derechos. (artículo 62).

3) En el caso del PRI, sus Estatutos prevén en el capítulo III, De la Defensa de los Derechos de los Militantes, en la integración de las Defensorías Nacional, Estatales y del Distrito Federal de los Derechos de los Militantes, a un Vicepresidente de Conciliación. (artículo 217). Dicha Defensoría de los Derechos de los Militantes, en sus ámbitos nacional, estatal y del Distrito Federal, tendrá entre sus atribuciones las de conocer y resolver, a través de amigable composición, conciliación y, en su caso, el arbitraje, los conflictos internos entre militantes del Partido. (artículo 218)

Con la mediación electoral se podrá avanzar en la gestión y solución de conflictos hacia el interior de los partidos, los cuales llegan a saturar al sistema judicial electoral en temas como la selección de candidatos.

Este modelo debe seguir construyéndose a partir de las disposiciones internas de los partidos políticos propiciando la adopción de la mediación, pues como hemos expuesto en anteriores entregas, se trata una vía diferente y confiable, fundada en Derecho, para darle salida justa a problemas entre personas o entre personas e instituciones que tienen que ver con conflictos o controversias, pues es dable pensar en respuestas más expeditas, accesibles y eficaces, para darles solución y evitar, en muchas ocasiones y con productos equitativos y justos, la parafernalia judicial que puede y debe quedar inscrita en la atención de conflictos irresolubles y que requieren forzosamente de la tarea conmutativa de un juzgador.

Un antecedente del modelo en construcción existe en Oaxaca, los defensores para comunidades indígenas que proporcionan el servicio de intermediación en las comunidades cuando existen conflictos post-electorales.

En las tareas pendientes debe precisarse, en la legislación electoral, la mediación como mecanismo alternativo de solución de controversias, llamada también equivalente jurisdiccional o procedimiento de justicia alternativa, la definición del perfil y requisitos para fungir como mediador electoral así como los demás aspectos que propicien su utilización en beneficio de militantes y electores.

Si nuestra pretensión es la consolidación y expansión de la mediación, debemos apostarle a generar una verdadera cultura de avenencia en la sociedad e involucrarla en la Cultura de la Paz y con ello generar un crecimiento exponencial de los servicios de mediación.

*Abogado y mediador profesional. 

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Twitter: @Phmergoldd

Pascual Hernández Mergoldd

Abogado y mediador profesional

Columna invitada