A la Organización de las Naciones Unidas,

en su 75º Aniversario

 

La ausencia de disposición al diálogo representa un obstáculo para el establecimiento de relaciones de apoyo y de confianza que, con frecuencia, abre el paso a las conductas violentas y a las controversias en todos los ámbitos de interacción social.

La violencia, que es generalizada y creciente, parece ser provocada por la crisis del lenguaje desde Palacio Nacional, tristemente no se utiliza la palabra para comunicar verdades ni para la construcción del diálogo.

Parece olvidarse que la violencia disipa la seguridad humana y puede someter al Estado, además de obstaculizar las condiciones idóneas para el desarrollo de las personas.

La mediación, como bien dice el prestigiado mediador internacional y asesor de la ONU Francisco Diez, tiene la cualidad de hacer una contribución positiva muy concreta a la construcción del futuro, sea de una familia, una comunidad o un país. Porque cuando se transforma un conflicto, el futuro cambia.

Donde hay mediación no hay violencia.

La mediación es posible cuando existe la voluntad de comunicarse, de dialogar y de construir soluciones para superar controversias.

En México la mediación ha demostrado su utilidad a partir de su adopción, junto con otros medios pacíficos de solución de controversias legales, por los tribunales locales, desde 1997.

Esa exitosa adopción se tradujo en que, a lo largo de las últimas dos décadas, todas las entidades federativas organizaran la prestación de los servicios de gestión, prevención y solución de controversias, utilizando mecanismos alternativos, principalmente la mediación, en sus respectivos poderes judiciales a través de sus centros de justicia alternativa y, en algunos casos, con la participación de mediadores privados.

El éxito de esos servicios, sumado a la creciente violencia, en todas sus expresiones que afecta todos los espacios de interacción social, propició que se ampliaran para atender controversias en otros ámbitos como el comunitario, el vecinal, el de comunidades indígenas y el penitenciario.

Sin embargo, la atención de conflictos y controversias de carácter social todavía se encuentra en el umbral de su desarrollo, expansión y consolidación.

La creación de los centros de justicia alternativa y la gestión de conflictos legales, sin la intervención de jueces ni tribunales, fue considerada inconstitucional por críticos de la mediación, situación que se superó con la reforma al artículo 17 de la Constitución en 2008.

Si bien hay avances en la forma en cómo se imparte justicia, particularmente con la introducción en nuestro sistema legal de medios alternativos de solución de conflictos, como la mediación y la conciliación, su uso aún es limitado y mínimo en comparación con los procedimientos judiciales.

A pesar de que dichos mecanismos se encuentran disponibles en todas las entidades federativas, su difusión y consolidación de los centros de justicia alternativa es todavía insuficiente.

Actualmente se tienen muy bien identificados los dos principales campos de atención de conflictos con los medios pacíficos de solución de controversias: el legal y los demás ámbitos de interacción social.

El entusiasmo de la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores, por cumplir el mandato constitucional de expedir una ley general en la materia que se comenta, es una oportunidad histórica que debe traducirse en una buena Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias que signifique un paso hacia adelante en la construcción del andamiaje normativo y que propicie la tan anhelada homologación para consolidar nuestro sistema mexicano de mediación.

No se trata de inventar un nuevo sistema sin bases ni experiencia, sino de consolidar el sistema de justicia alternativa existente y que se encuentra en proceso de construcción y consolidación desde hace 23 años.

En la exposición de motivos de la iniciativa de decreto por el cual se adicionó la fracción XXIX-A al artículo 73 Constitucional, se indica que resultaba necesario que se homologaran los principios que rigen los mecanismos alternativos de solución de controversias, las etapas mínimas que los conforman, la definición de su naturaleza jurídica, los requisitos que deben cumplir quienes funjan como mediadores y conciliadores y regular los mecanismos para atender los conflictos sociales. También señala que la ley general que se expida no ha de pretender agotar la regulación de la materia concurrente, ha de buscar ser la plataforma mínima desde la cual las entidades federativas puedan alinear o expedir su propia legislación.

En ninguna parte de dicha exposición de motivos ni en el texto de la fracción que se comenta, se prevé la creación de un nuevo sistema de justicia alternativa.

Con un marco legal completo en la materia que nos ocupa, estaremos en mejores condiciones de propiciar la restauración del tejido social, de contribuir a la gestión, prevención y resolución de conflictos legales y de los que se presentan en todos los ámbitos de interacción social.

Con la mediación podemos propiciar que la violencia se disipe pues, como ya se mencionó, contribuye positiva y concretamente a la construcción del futuro, sea de una familia, de una comunidad o de todo el país. Cuando se transforma un conflicto, el futuro cambia.

No se olvide que, tal y como lo expresó recientemente don José Mújica, expresidente del Uruguay, en su discurso de despedida en el Senado de su país, el odio nos hace perder objetividad frente a las cosas, el odio destruye.

Sin duda es importante insistir en que se construya una Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias que honre al Constituyente Permanente y que, para ello, se aproveche lo construido a nivel nacional. Hay elementos rescatables en las otras dos iniciativas, así como en los avances logrados en algunas entidades federativas.

*El autor es abogado y mediador profesional.

phmergoldd@anmediacion.com.mx

Twitter: @Phmergoldd

Pascual Hernández Mergoldd

Abogado y mediador profesional

Columna invitada

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