Los que nunca cambian de opinión, nunca consiguen cambiar nada. 

Winston Churchill

La semana pasada el Senador Presidente de la Comisión de Justicia, Julio Menchaca, organizó un ejercicio de Parlamento Abierto denominado Café Temático para conversar sobre los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.

Sin duda, dicho ejercicio ha significado un importante esfuerzo no sólo para el Senado de la República, también para quienes participamos, y una muestra de que en esta nueva realidad se aprovechan de manera creciente las nuevas tecnologías para la celebración de reuniones a distancia, juntas de trabajo y sesiones como la que se comenta.

El tema del Café Temático sería el de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, sin embargo, la consulta se centró en la Iniciativa presentada en julio de este año por 45 Senadores de Morena y dos de Encuentro Social. 

De la Comisión de Justicia, su Presidente y cuatro de sus 18 integrantes son firmantes de la Iniciativa, razón por la que se considera que dicha consulta fue parcial, pues es evidente el conflicto de intereses. Se percibe la intensión por imponerla.   

En las seis mesas que integraron el Café Temático se platearon exclusivamente preguntas relacionadas con los diversos temas que aborda la mencionada Iniciativa de julio, muchas de ellas diseñadas para inducir o sesgar la respuesta. Se ignoraron la Iniciativa aprobada en abril de 2018 por la Cámara de Diputados y la que presentó el Senador Martí Batres.

Independientemente de los ejercicios de Parlamento abierto, es indispensable que la Comisión de Justicia tenga en cuenta las diversas opiniones y propuestas que se le han enviado. 

Destaca entre esas opiniones y propuestas, el documento que le presentó la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (CoNaTrib) elaborado por la Red Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en conjunto con la Comisión de la propia CoNaTrib para analizar la Iniciativa que nos ocupa y preocupa. Se trata de un documento puntual en el que se presentan observaciones generales y por cada artículo de la Iniciativa de julio. 

Es fundamental tener en cuenta que los integrantes de la denominada Red Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias son los titulares de los centros de justicia alternativa de los Poderes Judiciales de las 32 entidades federativas y que -sin duda- son expertos y conocedores del tema que comentamos. 

De esas observaciones a la Iniciativa de julio destacan las siguientes:

  1. Contiene elementos que pueden revestir un carácter de inconstitucionalidad en atención a que la autonomía de los Poderes Judiciales se vería transgredida con las atribuciones que se pretenden otorgar a la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia perteneciente a la Secretaría de Gobernación;
  2. No considera que son los Poderes Judiciales, con la participación de sus respectivas Escuelas Judiciales, la autoridad para la capacitación, certificación y registro de los mediadores y de los conciliadores; 
  3. Pretende conferir a la Secretaría de Gobernación facultades de supervisión en la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de controversias, lo cual representa, en el ámbito de las controversias legales, una invasión de competencias y posible subordinación de poderes también pretende facultar a la referida dependencia para sancionar a servidores públicos adscritos a centros de justicia alternativa;
  4. Invade los ámbitos de la tutela judicial y el derecho humano de acceso a la justicia contenido en el artículo 17 constitucional, al conferir a los convenios celebrados ante personas facilitadoras autorizadas por la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, la categoría de cosa juzgada sin necesidad de requerir la sanción de los centros de justicia alternativa;

Las observaciones recién mencionadas, así como otras que hemos expuesto en anteriores colaboraciones confirman lo que dijimos desde que conocimos la Iniciativa del 20 de julio, en el sentido de que el equipo redactor del proyecto, que hicieron suyo legisladores de Morena y de Encuentro Social, tiene un precario dominio en temas tales como la técnica legislativa, la jerarquía de las normas, la división de poderes y el federalismo y lo más grave, en torno al tema que nos ocupa, desconoce la justicia alternativa.

Recordemos que la fracción XXIX-A del artículo 73 Constitucional NO prevé la creación de un nuevo sistema de justicia alternativa, sino al establecimiento de principios y bases en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias para homologar el sistema existente en nuestro país, por ello es preocupante la Iniciativa de julio que, como hemos comentado en varias ocasiones, es de carácter destructivo y existe la opinión generalizada de que significaría un paso hacia atrás además de que, muy probablemente, fracase.

Tenemos la obligación moral y profesional en insistir en la importancia de que se aproveche lo construido a nivel nacional, hay elementos rescatables en las otras dos iniciativas, así como los avances logrados en algunas entidades federativas.

El autor es abogado y mediador profesional.

Correo: phmergoldd@anmediacion.com.mx

Twitter: @Phmergoldd

Pascual Hernández Mergoldd

Abogado y mediador profesional

Columna invitada

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