No basta tener ideas, sino también saberlas debatir.

José Francisco Ruiz Massieu 

Como se ha dado cuenta en esta serie, Senadores de la República presentaron en julio pasado una Iniciativa de Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.

Que exista la voluntad política de dar cumplimiento al mandato constitucional de expedirla es —sin duda— una buena noticia.

Como hemos comentado, profesionales y expertos en el tema de la mediación nos hemos abocado a analizar el texto de la Iniciativa y a construir propuestas con el propósito de mejorarla, aprovechando los avances logrados desde 1997, la experiencia de los profesionales de la mediación y de la conciliación al tiempo de incorporar, de manera ordenada, los diversos ámbitos en los que los mecanismos pacíficos de solución de controversias son aprovechables.

Es alentador el anuncio del Senador Julio Menchaca Salazar, Presidente de la Comisión de Justicia, respecto de la celebración de un proceso de consulta en la modalidad de Parlamento Abierto cuyo objetivo, como indicó, será construir, con la experiencia y conocimiento de la población, especialistas y académicos un marco normativo en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias acorde a lo que el país necesita.

Algunas propuestas respecto de la mediación y la conciliación para la atención de conflictos legales son las siguientes:

  • La creación de un consejo nacional de mecanismos alternativos de solución de controversias. Se trata de un mecanismo de coordinación de las instituciones públicas encargadas de ofrecer los servicios de mediación y conciliación que propicie la homologación permanente de los criterios y las bases en la materia que prevea la Ley, a cuyas sesiones podrá invitarse a representantes de los sectores social, privado y público, o a representantes de instituciones académicas, de conformidad a los asuntos que se conozcan. Esta fórmula evitará que se deban destinar recursos fiscales a una oficina de la Secretaría de Gobernación, además del costo aprendizaje.
  • El Consejo debe tener, entre otras, la facultad de emitir una norma técnica de competencias laborales que defina con precisión las características mínimas de capacitación, certificación, supervisión, verificación y evaluación de los mediadores y conciliadores certificados, públicos y privados para mantener estándares de calidad, en beneficio de los usuarios de sus servicios.
  • En torno al tema de mediación privada, no parece necesario explorar modelos que quizás sean ineficaces, pues ya existe uno que cuenta con el reconocimiento de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la recomendación de que se replique en todo el país. Se trata del modelo de mediación privada construido y aplicado exitosamente en la Ciudad de México desde 2009 y que está puntualmente definido en su legislación. Constituye un régimen de descentralización por colaboración, donde el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México autoriza a profesionales que reúnen determinados requisitos, sujetos a una preparación técnica especializada, a ofrecer y proporcionar los servicios de mediación para la solución de controversias bajo la supervisión del propio órgano judicial. Se trata del modelo más avanzado y reconocido no sólo a nivel nacional, sino en otras latitudes. Este modelo puede ampliarse a la conciliación privada.
  • Los mediadores y conciliadores dotados de fe pública tienen una función fedataria procedente del poder judicial de la entidad federativa de que se trate, por lo que el mediador y el conciliador privados podrían ser, como ocurre en la Ciudad de México, fedatarios judiciales para la identificación de los mediados o sus representantes; para la celebración de los convenios que se suscriban, y para expedir copias certificadas de los convenios de mediación o de conciliación que se encuentren resguardados en su archivo.
  • Una de las características de los convenios gestionados ante mediadores o conciliadores privados, además de ser instrumentos públicos, es que traen aparejada la ejecución para su exigibilidad en la vía de apremio ante los juzgados, para ello se realiza el registro de convenios en los centros de justicia alternativa. Actualmente, algunas leyes estatales en la materia prevén que la autoridad jurisdiccional sancione el contenido de los convenios de mediación para que tengan el carácter de cosa juzgada, subordinando equivocadamente la mediación, que forma parte de la justicia autocompositiva o consensuada, a la justicia heterocompositiva. Sin embargo, el peso de los convenios que son considerados cosa juzgada debe tener un mínimo de control, mismo que se concreta con el registro del convenio de que se trate. Con las restricciones derivadas del Covid 19, fue suspendido también el registro de convenios, en perjuicio de los usuarios de los servicios que proporcionan mediadores privados, mismos que trabajan a cualquier hora y día, sin las restricciones de los horarios y calendarios de los centros de justicia alternativa. Por ello debe establecerse el registro de convenios en línea.
  • Siendo una realidad la falta de conocimiento de los servicios de mediación y de la existencia de los centros de justicia alternativa es urgente que en los tiempos oficiales de radio y televisión nacionales se realice una campaña permanente. Ello debe preverse en alguno de los transitorios de la Ley.

La nueva legislación ha de contribuir a la consolidación de un sistema mexicano de mediación y de la cultura de la paz.

* Pascual Hernández Mergoldd es Abogado y mediador profesional.

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Twitter: @Phmergoldd

Pascual Hernández Mergoldd

Abogado y mediador profesional

Columna invitada