"O caminamos todos juntos hacia la paz, o nunca la encontraremos".

Benjamin Franklin

En nuestra anterior entrega adelantamos algunas inquietudes respecto de la Iniciativa de Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias recién presentada por Senadores de la República el pasado 20 de julio.

Desde que se conoció esa noticia surgió un gran entusiasmo de profesionales y expertos en el tema de la mediación por conocer la propuesta, discutir sus posibles alcances, intercambiar observaciones y preparar propuestas de modificación. Se tiene noticia de que prácticamente todos los días se celebran sesiones de trabajo a distancia en las que participan conocedores del tema. Hoy estamos convencidos, de manera generalizada, de que lo conveniente es construir una Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias que sea inclusiva y que sirva a todos los mexicanos. Las diversas propuestas, casi todas coincidentes, pretenden contribuir a mejorarla con la participación organizada en el parlamento abierto anunciado por el Senador Julio Menchaca Salazar, Presidente de la Comisión de Justicia.

Estamos a tiempo de evitar el dislocamiento y aún el desmantelamiento del sistema de mediación y de conciliación cuya construcción, como se sabe, se inició en 1997 por los poderes judiciales estaduales. Los avances existentes para lograr la tan anhelada Ley General que debe homologar criterios y establecer las bases de los mecanismos alternativos de solución de controversias no deben ignorarse.

Hemos encontrado, de manera unánime, la opinión de que la Iniciativa requiere de una cirugía mayor, revisión y replanteamiento, prácticamente en su totalidad. 

He aquí algunas observaciones:

  • No hay razón para atribuir a la Secretaría de Gobernación Federal, en particular a la denominada Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, funciones de autoridad en lo que se denomina “Sistema de Justicia Alternativa”. La citada Unidad atiende temas relacionados con los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal y de justicia para adolescentes, que se rigen por leyes nacionales y que mayormente atienden las fiscalías. La Constitución hizo una separación de la materia penal y de justicia para adolescentes de los demás ámbitos de competencia en torno a los referidos mecanismos. Son ámbitos distintos.
  • La obligatoriedad de la fase de mediación y conciliación que plantea como requisito preprocedimental sería inconstitucional conforme al artículo 17. Ese tema, sin duda atendible, requiere de la previa modificación del texto de la Constitución.
  • Generan confusión las figuras de facilitador, facilitador certificado y facilitador certificado autorizado y los objetivos de cada uno son imprecisos. La figura intermedia de facilitador certificado carece de sentido, su ejercicio profesional carece de validez en el resultado de los convenios y en la obligatoriedad en su cumplimiento. 
  • El rezago acumulado por los cierres debidos al Covid-19 es descomunal y los mecanismos alternativos pueden contribuir a evitar que colapsen juzgados y tribunales, como lo sugiere la exposición de motivos. Para ello han de utilizarse esos mecanismos no solamente de manera presencial, también es indispensable la mediación y la conciliación en línea. Sin embargo, la Iniciativa es omisa y confusa por lo que hace al uso de los medios electrónicos en la mediación y en la conciliación. Debe especificarse qué medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra índole podrán utilizarse; también faltan definiciones puntuales respecto de la plataforma de servicios, de personas expertas, de mediación o conciliación sincrónica y asincrónica. No se precisa la validez de la firma autógrafa frente a la firma electrónica ni los requisitos para la validez de los convenios de mediación.
  • Un tema que es de llamar la atención aparece en los transitorios de la Iniciativa que nos ocupa en los que se establecen diversos plazos de 10, 30, 90 o 180 días naturales para que diversas autoridades, los mediadores y los conciliadores cumplan con la realización de actividades específicas. Ante el cotidiano y usual incumplimiento de los plazos que se determinan en transitorios de reformas constitucionales y leyes, es razonablemente predecible que dichos plazos serán letra muerta.

Como se sabe, la mediación se ha impulsado principalmente para la gestión, prevención y resolución de conflictos legales. La mediación y la conciliación en sede judicial, tanto por mediadores y conciliadores adscritos a los centros de justicia alternativa como los privados, resultarán indispensables para evitar el colapso de juzgados y tribunales que, como se observó ayer que se reabrieron, existen filas interminables de personas para realizar gestiones ante los mismos.

A reserva de ampliar comentarios y propuestas que se han planteado en las reuniones de expertos en próximas entregas, es prudente insistir en que esta oportunidad histórica de construir una legislación general en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias debe aprovecharse para que se regulen los diversos ámbitos de la mediación y de la conciliación, pues como ha quedado demostrado de manera creciente, son de utilidad para la gestión, prevención y resolución de controversias y conflictos en todos los ámbitos de interacción social.

La mediación social, como hemos expuesto en previas entregas de esta serie, se enfoca en el individuo teniendo en cuenta los diferentes ámbitos en los que interactúa y que se interrelacionan y busca fomentar la cultura de la paz en la convivencia de las personas y, de esta forma, incidir en todos los sistemas en los que participa disminuyendo así la violencia. Esos ámbitos de interacción son la familia; la escuela; el barrio, el vecindario o la unidad habitacional; los centros de trabajo, los centros comerciales, los mercados, los tianguis, los panteones, los hospitales, los establecimientos de servicios al público, las cafeterías, las fondas y los restaurantes, por citar algunos.

En la mediación social no se requiere tener profesión alguna, tampoco una certificación, aunque sí una capacitación, sobre todo porque en los ámbitos de la mediación social se privilegia la mediación entre pares.

La nueva legislación ha de contribuir a la consolidación de un sistema mexicano de mediación y de la cultura de la paz.

Pascual Hernández Mergoldd es Abogado y mediador profesional.

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Twitter: @Phmergoldd

Pascual Hernández Mergoldd

Abogado y mediador profesional

Columna invitada