Las llamas amenazan al Estado de Derecho y a los ciudadanos, cuyos derechos menguan. 

Sergio García Ramírez

Cada año, en esta época, aumentan los incendios forestales como resultado de la antigua costumbre de preparar las tierras para la siembra. Es frecuente que se pierda el control así como, tristemente, se provoquen con un propósito destructivo.   

Este 2021 no sólo se nos presentan incendios en campos, cerros y bosques, también se incendia el tejido social.

Todo indica que lo nuestro es el conflicto, parece que nos es imposible la armonía en la evolución de nuestra democracia. Lo más triste es que desde Palacio Nacional se impulsa la debacle, se aplican decisiones y ocurrencias incendiarias.

Uno de los factores que hoy aumentan la polarización es el uso abusivo del poder, que se traduce en la concentración de funciones y de recursos, así como su discrecional aplicación; la contracción de la inversión productiva; la militarización de actividades civiles, y una agresiva política de debilitamiento de las instituciones y del Estado de Derecho. 

Las iniciativas del Ejecutivo que, sin quitar una sola coma, han sido aprobadas con el “mayoriteo” de los senadores y diputados afines al presidente, en apego a la fe ciega que les exige, son disposiciones inconstitucionales que promueven una muy peligrosa desinstitucionalización  de la República y de la Nación.  

El Congreso de la Unión —institución llamada a velar por la integridad republicana— ha hecho suyas reformas que revelan que la “transformación” que impulsa la 4T consiste en un asalto institucional. Es inaceptable que sean legisladores quienes propicien la ruptura con el Estado de Derecho. Esta situación no había ocurrido en la historia política legislativa. 

Somos testigos de que la mayor parte de las reformas legales promovidas por este gobierno, de una lealtad ciega al Presidente, son el resultado de ocurrencias sin sustento, de la precipitación, de la ignorancia y de la arbitrariedad.

La reforma con la que se prorroga por dos años el desempeño del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, viola la letra y el espíritu de la Constitución, no resiste el menor análisis. Pretende subordinar el Poder Judicial al Ejecutivo, a romper el equilibrio de la división de poderes.

Se olvida que en la construcción de nuestras instituciones, incluidas las responsables de organizar y vigilar los procesos electorales, también se impulsó la reforma política y una nueva economía para aprovechar la globalización. Todo ello para desarrollarnos y construir un futuro, a partir de ideas claras de lo que queríamos.  

Recordemos que en la última década del siglo pasado aceleramos el tránsito a la democracia de manera ordenada y concertada, y que en ese tránsito coincidieron prácticamente todas las fuerzas políticas, de tal suerte que en 1997 se logró el triunfo que se consolidó en el 2000. Ese triunfo se tradujo en la primera transición democrática concretada en una Presidencia de la República que, por primera vez en 70 años, obtuvo un partido distinto al que predominó durante el siglo pasado. 

Esas acciones fueron una respuesta a la necesidad de consolidar y desarrollar el México postrevolucionario y a las demandas de apertura política y económica de la sociedad. 

La violencia y el crimen organizado han contaminado el proceso que se desarrolla este año, han sido asesinados candidatos y precandidatos.

La competencia electoral no debe ni conviene a nadie, que prescinda de la legalidad.

Para evitar un mayor deterioro de nuestro tejido social es urgente reconocer que la Ley es el camino y el objetivo a alcanzar.

Parece que nos acercamos a modelos populistas en los que los gobernantes engañan cotidianamente a sus pueblos con mentiras absurdas y soluciones mágicas que nunca se concretan, pretendiendo que se crea que la vida es mejor, que todo está controlado y que la vida es más feliz, entre otros engaños. Tristemente la realidad se encarga de demostrar a sus pueblos lo contrario. 

Está tan arraigada la aplastante y violenta realidad en la sociedad que un cambio parece poco viable. Tristemente, es la abrumadora y creciente violencia, en todas sus expresiones, aderezada por la pandemia de Covid 19 y la crisis económica, lo que actualmente más nos afecta a todos en los diversos espacios de interacción social.

Se pierde la cordialidad y se ignora la cultura de la paz.

Un régimen democrático adopta y se somete a controles, al orden legal y constitucional.  

La experiencia demuestra que el poder político tiende a desbordarse, a trascender sus atribuciones y facultades. Esa nociva e ilegal expansión de su dominio afecta los derechos y las libertades de los gobernados. 

Debemos recordar que la Democracia no se agota en las elecciones, también es participación ciudadana en temas públicos y la transparencia es su alma. Es una forma de gobierno en la que existe división de poderes y contrapesos, es el sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. 

92 millones de electores registrados tenemos la responsabilidad y el reto de transitar por este proceso electoral en paz. No sólo el día de las elecciones, también durante las campañas, el recuento de votos y todas las acciones que contemple el proceso. Tanto como simples votantes, candidatos, militantes de partidos y funcionarios de casilla debemos hacer un esfuerzo para que imperen la razón y la cordialidad.

No permitamos que avance el incendio de nuestro tejido social.

*El autor es abogado y mediador profesional.

phmergoldd@anmediacion.com.mx

Twitter: @Phmergoldd

Pascual Hernández Mergoldd

Abogado y mediador profesional

Columna invitada

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