Como comentamos en Capacitación en Mediación I, para la existencia de los servicios de mediación es un requisito sine qua non la presencia de un mediador, que no surge de manera espontánea, ni por virtud de un nombramiento, sino como resultado de una capacitación especializada de alto rigor académico.

Actualmente existen centros o institutos de justicia alternativa, como dependencias de los poderes judiciales en todas las entidades federativas y 28 leyes locales que desarrollan los mecanismos pacíficos (alternativos) para la solución de controversias, 23 de las cuales prevén expresamente a la mediación como mecanismo aplicable.

El desarrollo de la mediación en México se ha acompañado de un marco legislativo local, en el que se encuentran afinidades en algunos temas y falta de uniformidad a nivel nacional, también de un sinfín de prácticas, de programas de capacitación e incluso de normas deontológicas.

Es por excepción que se regula el tema de la capacitación o formación de mediadores en la legislación. El marco legal en la materia de la Ciudad de México es el único que prevé una norma técnica de competencias laborales de los mediadores, misma que se elaboró y entró en vigor en 2009, norma que define con precisión las características mínimas de capacitación, certificación, supervisión, verificación y evaluación de los mediadores, así como de la capacitación para concientizar a las personas sobre lo qué es la mediación y para qué sirve, tema este último que abordaremos en la próxima entrega.

La existencia y aplicación de una norma técnica de competencias laborales de los mediadores corresponde a la apuesta por la profesionalización del ejercicio de la mediación, pues no se trata de una actividad supletoria o añadida a otra profesión ni de una práctica encerrada en un despacho, como hasta ahora se ha entendido.

La norma técnica de competencias laborales de los mediadores, aprobada por el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, define un ejercicio profesional que comprende distintos niveles jerárquicos y diferentes figuras profesionales. Así se pueden distinguir los niveles de dirección, supervisión y técnico, y las figuras de mediador, supervisor, formador, evaluador, consultor, diseñador y director de centros de mediación, tanto en el ámbito público como en el privado.

En los hechos, la falta de homologación en torno a la formación de mediadores a nivel nacional, así como en las reglas aplicables para la capacitación por particulares, ha propiciado que exista un mosaico de programas y capacitadores, algunos de los cuales se caracterizan por su deficiencia.

La generalizada ausencia de reglas ha permitido que existan casos de capacitadores y cursos improvisados carentes de preparación para formar profesionales y que -además-, no conocen siquiera la mediación. Sólo atienden la oportunidad de cobrar por dichos cursos y abusan del deseo de personas que aspiran a formarse como mediadores.

Por otra parte, también existen instituciones prestigiadas con plantillas de catedráticos de la mediación altamente calificados que han ofrecido u ofrecen carreras y cursos de mediación en México. En primer término, las escuelas judiciales de algunos poderes judiciales como la de Nuevo León, la de Coahuila, la del Estado de México y el Instituto de Estudios Judiciales de la Ciudad de México. Así mismo, la Universidad de Barcelona, el Instituto de Mediación de México, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Universidad Autónoma de Nuevo León, el ITAM, la Universidad del Claustro de Sor Juana, la Escuela Libre de Derecho, la Universidad Panamericana y el Instituto para la Paz, entre otros. También es de mencionarse que diversas universidades han incluido en sus programas de estudio de la licenciatura de derecho, materias relacionadas con los mecanismos pacíficos de solución de controversias.

Otra vertiente en el tema que se expone, es la capacitación de mediadores y desarrollo de proyectos de mediación en apoyo a instituciones públicas y privadas, para la solución de controversias en todos los ámbitos de interacción social, tales como mediación escolar y comunitaria, que forman parte de la mediación social.

Como hemos expuesto, la mediación social se enfoca en el individuo teniendo en cuenta los diferentes ámbitos en los que interactúa y que se interrelacionan y busca fomentar la cultura de la paz en la convivencia de las personas y, de esta forma, incidir en todos los sistemas en los que participa, disminuyendo así la violencia. 

El mediador social ha de formarse en el manejo del proceso de negociación asistida, que debe ser suficiente para ofrecer a los demás integrantes de su comunidad un servicio de calidad y con garantías. Es decir, debe capacitarse en el proceso y las técnicas de la mediación con el objeto de dominar este mecanismo pacífico de solución de controversias para gestionar, prever y resolver conflictos en los ámbitos de un barrio, una vecindad, una unidad habitacional, una escuela, una universidad, un centro de trabajo y cualquier otro en el que convivan cotidianamente las personas, según sea el caso. No es necesario que el mediador social cuente con un título de grado académico.

Este tercero imparcial, el mediador, ha de generar confianza para asistir en el proceso de encontrar soluciones aceptables para todos, incluyendo a la comunidad de que se trate.

Si nuestra pretensión es la consolidación y expansión de la mediación, que es justicia consensuada, es democracia y es diálogo, debemos apostarle a generar una verdadera cultura de avenencia en la sociedad e involucrarla en la Cultura de la Paz y con ello generar un crecimiento exponencial de los servicios de mediación en beneficio de las personas.

Pascual Hernandez Mergoldd es abogado y mediador profesional

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Pascual Hernández Mergoldd

Abogado y mediador profesional

Columna invitada