El pasado 29 de marzo escribí en este mismo espacio sobre la inminente discusión en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con respecto a la contradicción de tesis relativa a la procedencia de la suspensión en juicios de amparo contra resoluciones de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) por las que se determine una tarifa de interconexión entre dos operadores.

Destaqué que cuando un juzgador dicta una suspensión en un juicio de este tipo, quienes sufren un mayor perjuicio son los consumidores o usuarios, simplemente porque los operadores se ven impedidos de trasladar el beneficio de una menor tarifa de interconexión a las tarifas finales que los usuarios pagan.

Asimismo enfaticé que justamente los consumidores se verían beneficiados si la Corte resolviera, de una vez por todas, que al tratarse de una decisión sobre el precio de acceso a un insumo esencial para que cualquier operador pueda ofrecerle un servicio de comunicación a las personas, se da un perjuicio al interés social.

Una de las tesis que estaría siendo motivo de esta contradicción dice lo siguiente: debe entenderse que tal decisión se encuentra orientada a dirimir una controversia entre particulares, de modo que sus efectos únicamente pueden afectar a éstos, al encontrarse vinculados por los servicios que se prestan entre ellos, por lo que con la medida cautelar no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, pues el hecho de paralizar los efectos de dicha resolución no priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes ni tampoco se le infiere un daño que de otra manera no resentiría .

Reducir la interpretación de una resolución de interconexión al simple hecho de dirimir controversias entre particulares sería una actuación miope de la Corte. Es una salida demasiado fácil que los mexicanos no podemos aceptar del máximo tribunal de nuestro país.

Para empezar, porque la tarifa de interconexión no es el precio de un simple servicio intermedio que se prestan entre sí dos proveedores. Aquí es donde la Corte debe profundizar y tener presente que la tarifa de interconexión es el precio de acceso a un recurso esencial, en este caso, el tramo de la red de un operador por el que transita una llamada que va dirigida a un usuario de ésta, pero que proviene de la red de otro operador.

Es importante que la Corte valore ello en su justa dimensión. El mercado de telecomunicaciones es uno que justamente no tiene las características para funcionar en competencia plena, como si lo hacen muchos otros sectores de la economía, simplemente porque se basa en el concepto de la economía de redes; de redes que deben interconectarse para lograr que el mercado funcione de la manera más eficiente posible. No debemos olvidar que en México, las redes más importantes son las inalámbricas, que utilizan un recurso público escaso como es el espectro.

Si bien es cierto que en la propia Ley Federal de Telecomunicaciones se dispone que existe libertad tarifaria en nuestro país, tal principio está acotado para empezar por los criterios que la propia ley establece el capítulo relativo a tarifas y, desde luego, por los términos de las tarifas de interconexión que la Cofetel establece en sus resoluciones o muy raramente los propios operadores.

En la medida en que disminuya el precio de acceso al recurso esencial de interconexión, las tarifas finales podrán disminuir. Es un hecho que ambos tipos de tarifas han disminuido en forma importante desde el 2000 a la fecha, pero lo han hecho a ritmos diferentes, simplemente por el efecto distorsionante que generan las suspensiones y el excesivo tiempo que le lleva al Poder Judicial resolver en forma definitiva este tipo de asuntos.

La Corte tiene en sus manos la posibilidad de que los mexicanos puedan beneficiarse de reducciones en las tarifas finales en forma más oportuna, al inclinarse por definir que en materia de tarifas de interconexión no procede la suspensión. No hacerlo, significa elegir una visión que privilegia el patrimonio de los accionistas de los operadores por encima del bienestar de los consumidores.

*El autor es Diputado federal y Secretario de la Comisión de Comunicaciones.