La semana pasada la Suprema Corte admitió la demanda de amparo conocida en las redes sociales como #YoContribuyente, la cual había sido negada, en una primera instancia, por el Juez 11 de Distrito, quien resolvió la falta de interés legítimo de quienes promovieron dicho amparo. El asunto queda en la ponencia del ministro Gutiérrez Ortiz Mena reconocido experto en temas tributarios y será resuelto por la Primera Sala de la Corte.

Como se recuerda, este amparo cuestiona la condonación que se hizo a los gobiernos locales en su calidad de patrones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) retenido a sus empleados y no pagado al fisco. La condonación se hizo en un decreto presidencial en el 2008 y fue luego prorrogada por el Congreso federal en el 2013. El amparo pretende dejar sin efecto este perdón que daña sin duda a la Hacienda pública federal y a los contribuyentes, que tendrán que llenar el hueco que produjo la falta de pago.

En adición al evidente daño presupuestal apuntado, de especial gravedad resulta el hecho de que los gobiernos locales retuvieron indebidamente para sí los montos de ISR retenidos a sus trabajadores. Recordemos que los contribuyentes aportamos recursos suficientes para el pago de los salarios de los empleados públicos, incluyendo el impuesto que habrá de retenérseles.

Cuando un patrón retiene el ISR de sus trabajadores y no lo entera al fisco, comete según el Código Fiscal un delito equiparable al de defraudación fiscal.

El cuestionamiento es válido, porque es ése precisamente según refiere la prensa el delito que se le imputa a Gastón Azcárraga respecto del ISR de los empleados de Mexicana de Aviación y que también según la prensa se transforma en el delito de lavado de dinero. Retener el ISR de los empleados de la aerolínea y no enterarlo al fisco es claramente constitutivo de un delito fiscal. No parece sin embargo que ello implique lavado de dinero, pues el origen de los recursos venta de boletos de avión es siempre lícito. La ilicitud de no cubrir los impuestos, no convierte en ilícito el origen de los recursos.

Por tanto insistimos cabe cuestionar si los gobernadores de los estados y los ediles que se embolsaron el ISR retenido de los funcionarios y empleados estatales y municipales también deben ser sancionados penalmente (lo que así parece) o si el perdón de los poderes Ejecutivo y Legislativo los exime de una orden de aprehensión como la que le obsequiaron a Azcárraga.

El amparo #YoContribuyente evidencia no sólo el distinto trato que fiscalmente tienen las entidades gubernamentales frente a los particulares, en cuanto al perdón de sus incumplimientos, sino al inequitativo poder sancionatorio del Estado, que discrimina arbitrariamente la misma conducta, en función de si se tiene o no un cargo público.

En los eventos reportados por los medios la semana pasada en adición a los dos aludidos llama la atención que al conocido como El Chapo Guzmán dentro de las cinco órdenes de aprehensión que se han librado en su contra no se le impute, al día de hoy, haber cometido el delito de lavado de dinero, ni el de defraudación fiscal o sus equiparables.