Nuestro modelo de democracia tiene su columna vertebral en la Constitución de 1917 que acaba de cumplir un siglo de vida. Obviamente, el texto original ha sufrido reformas y ajustes progresivos que no deben regatearse en sus méritos, que en conjunto nos dan hoy una base exigible de derechos y libertades que antes de la Revolución Mexicana e incluso en las últimas décadas del siglo XX se veían lejanos.

En el camino hemos cosechado, por ejemplo, la apuesta por un modelo que garantice la pluralidad en espacios legislativos, elecciones con candados de vigilancia para el voto efectivo, transparencia, rendición de cuentas y la reivindicación que en el 2011 potenció los derechos humanos incorporando el principio pro persona desde el artículo primero con el que abre nuestra Carta Magna vigente.

Sin embargo, hay todavía una distancia considerable entre los anhelos de justicia social que se plasmaron en el Teatro de la República en 1917 y la realidad de muchas mexicanas y mexicanos. Aquellas conquistas innegables en el papel del constituyente, como las jornadas laborales de ocho horas con salario digno en los artículos 5 y 123; o la educación laica, gratuita y obligatoria en el 3 constitucional enfrentan déficits que necesitan recorrer todavía un largo camino para traducir la justicia impresa en realidad cotidiana.

Un estudio de la OCDE publicado en el 2015 muestra que México tiene 57% de los trabajadores con empleos informales, ¿cómo aplicar con efectividad, a 100 años de distancia, ese paquete de garantías laborales que se incluyeron en los artículos 5 y 123 en la Constitución de 1917? Llevamos un siglo con un mandato de justicia laboral que no encuentra cómo cargar la estadística a su favor; aunque haya significado un enorme avance su aprobación, no termina por traducirse en realidad para millones.

La educación laica, gratuita y obligatoria tampoco termina de reflejarse del todo en México. La OCDE, que agrupa a 38 países, nos dice que si bien se ha incrementado sensiblemente el porcentaje de personas que logran tener educación media superior en nuestro país, lo cierto es que entre el 2005 y el 2012 sólo 46% de la población de entre 25 a 34 años lograba ese nivel educativo, cuando el promedio de países que agrupa el organismo es de 83 por ciento.

Hemos tenido avances como sociedad pero la justicia social, la desigualdad, sigue siendo el gran tema que debe ocuparnos.

Hoy acorde con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), tenemos 55.3 millones de personas en pobreza. La cifra es demoledora si consideramos que son en total 63.8 millones de mexicanos quienes perciben ingresos por debajo de lo que las mediciones llaman línea de bienestar . Es decir, más de la mitad de la población no cuenta con ingresos suficientes.

Más allá de la discusión de metodologías entre el Inegi y el propio Coneval, los datos coinciden en que la riqueza del país se concentra en pocos, en 20% de los hogares; mientras las carencias siempre tienen mayor acento en las mismas zonas rurales que hace un siglo pasado clamaban justicia en el contexto revolucionario.

Las familias más pobres de nuestro México del siglo XXI reciben, según datos oficiales, menos de 3,000 pesos al mes para subsistir. Un contraste devastador si lo comparamos con el puño de mexicanos que aparecen en las listas de multimillonarios que edita la revista Forbes.

La revolución no debe abandonarse en cuanto a sus ideales de justicia social. Son fundamentales para entender el conflicto de 1911 a 1917, y siguen siendo el reto de cualquier balance que hagamos sobre las virtudes, innegables, de nuestra carta Magna. No basta con reconocer su valía en términos de derechos y libertades, necesitamos bajar y concretar los postulados de sus grandes artículos a la vida diaria.

Debatir la Constitución en su centenario, sin autoengaño, es reconocer lo bueno, que es mucho, los aciertos de su evolución histórica, que son numerosos sin duda, pero sobre todo sus pendientes, su déficit vigente en rubros fundamentales que deben ocuparnos siempre.

*Consejero electoral del Instituto Nacional Electoral

Twitter:@MarcoBanos