La Agenda Parlamentaria Saludable, propuesta por la coalición México Salud-Hable y la Alianza por la Salud Alimentaria, es un compendio de planteamientos cuya pretensión es coadyuvar a la mejoría de las condiciones de salud que privan en el país, que deben atenderse para lograr el desarrollo económico del país y el bienestar personal de quienes aquí vivimos.

Se postula la reforma a la Ley General para el Control del Tabaco, el robustecimiento de las políticas de prevención y control del consumo nocivo de alcohol y la mayor protección contra los ambientes obesogénicos y la publicidad de alimentos ultraprocesados y bebidas de alto contenido calórico. Se propone reformar las Leyes Generales de Educación y de Educación Superior para introducir o actualizar contenidos que enseñen a los estudiantes las consecuencias del consumo de tabaco, alcohol y productos pseudo alimenticios, además de proponerles estilos de vida saludable.

Se plantean medidas fiscales y presupuestarias, entre ellas, la reforma a la Ley del IEPS para aumentar al menos en 20% los impuestos a bebidas y alimentos ultraprocesados, así como a productos de tabaco y alcohol; el establecimiento de medidas para transparentar, monitorear e informar públicamente sobre la recaudación, asignación y gasto de los recursos captados por esos impuestos saludables, además de alentar y apoyar a los gobiernos estatales y de la Ciudad de México a que apliquen medidas recaudatorias locales y contribuciones especiales, que desalienten el consumo de productos nocivos para la salud y el medio ambiente.

Sobre atención al cáncer, se solicita a la Secretaría de Salud y al Consejo de Salubridad General, la definición específica de medidas de prevención, diagnóstico oportuno y acceso a tratamiento; priorizar la atención de los diez cánceres más frecuentes en el país, la publicación en el DOF de los protocolos para atender esa enfermedad según lo aprobado en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud. Se propone al Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades el Código Cáncer para que se diagnostique en 30 días y se atienda en 60 días ese padecimiento.

Se pide el Posicionamiento del Estado mexicano en favor de la universalización de los servicios de salud, pues un país competitivo en lo económico no puede estar integrado por personas no saludables, con carencias sanitarias y de atención médica; la integración funcional y coordinación institucional que dé acceso a la totalidad de la población a servicios de salud integrales, oportunos y suficientes, a medicinas y atención médica de calidad y a protección financiera ante gastos catastróficos; convocar al Sector Salud y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para resarcir el gasto de bolsillo a quienes se ven obligados a cubrir gastos de hospitalización, medicamentos, atención, traslados, etc., ante la insuficiencia de las instituciones de salud.

Se pide evitar el conflicto de interés y contra la interferencia de las industrias, mediante la reforma a la Ley Orgánica del Congreso y los Reglamentos del Senado y de la Cámara de Diputados para evitar tal conflicto y promover la transparencia en las interacciones con grupos de interés; actualizar la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos para establecer medidas sobre conflicto de interés; obligar a diputados y senadores y sus auxiliares a ser capacitados sobre interferencia de las industrias, conflicto de interés y falta de transparencia en la relación con particulares y rendición de cuentas; promover entre los legisladores la suscripción personal de no conflicto de interés y el rechazo de donaciones de todo tipo.

Sobre la participación de las personas que viven con enfermedades no transmisibles y sus cuidadores, se postula que en los proyectos de sensibilización, prevención, acceso al tratamiento, rehabilitación física y mental y reinserción social, se integre la participación de los pacientes; integrar un paciente en las Comisiones de Bioética de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad; incorporar en la Ley General de Salud la disposición para que a los cuidadores primarios de personas con enfermedades crónicas discapacitantes, sean capacitados para atender mejor a sus pacientes, así como presentar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la iniciativa para que, se asigne un salario a las y los cuidadores primarios.

Juan Núñez es coordinador de la Coalición México Salud-Hable

Alejando Calvillo es vocero de la Alianza por la Salud Alimentaria