La liberación de Florence Cassez y la enorme polémica que suscitó el caso en México y el extranjero me hicieron recordar una vieja película de Michael Douglas, cuya trama se basa en las deliberaciones de un grupo de jueces notables que decidían por votación entre ellos la eliminación de criminales que habían tenido que liberar por tecnicismos legales durante los procedimientos.

Más allá del escrúpulo legalista, los jueces terminaban castigando a los malos y vengando a las víctimas. Justicia impecable a sus ojos, hasta que se empieza a acumular evidencia de pruebas sembradas y testimonios falsos. Demasiado tarde, porque los criminales ya no vivían para saberlo.

Desde luego que la película dramatiza el argumento, pero plantea el mismo debate desatado por el caso Cassez sobre la legalidad, la justicia y su aparente incompatibilidad.

Es claro que el objetivo de todo sistema jurídico es la impartición de justicia. Pero el camino para hacer justicia pasa necesariamente por la legalidad, es decir, quizá pueda cumplirse la ley sin llegar a la justicia, pero no puede haber justicia sin legalidad.

Evidentemente, esto sonará insensible para aquellas víctimas de secuestro que se sintieron traicionadas por el máximo tribunal del país.

Nunca habrá suficiente reparación al daño sufrido, pero una sentencia a los culpables puede ser un paliativo para su dolor e indignación.

Sin embargo, habrá que recordar algo que parece obvio, pero es un principio civilizatorio: la aplicación de las leyes debe estar en manos de expertos ajenos a los casos concretos. No toca a los ciudadanos, menos aun a las víctimas, decidir sobre la inocencia o culpabilidad de un acusado. Corresponde a las autoridades investigar los delitos y presentar las pruebas de sus acusaciones, y a los jueces, valorar las evidencias y determinar la sanción correspondiente.

Entre más se apegue la actuación de todos a la ley, se hará mejor justicia, es decir, las víctimas no estarán mejor servidas con una condena impuesta a partir de la indebida actuación de la policía y la conducción de un proceso viciado de origen.

Por el contrario, la convalidación de tales irregularidades sí sentaría un inaceptable precedente de tolerancia a la corrupción. La garantía del debido proceso no es una exquisitez legalista, sino la defensa elemental frente a los abusos de poder. De ahí que la resolución de la Corte sea un seguro para cualquier ciudadano. El reto ahora será exigir que se haga extensivo a todos y no sólo a los famosos.

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