Imaginemos un México en el que todas las personas sean juzgadas con perspectiva de género, un México donde mujeres y hombres reciban un salario idéntico por un trabajo de igual valor, un país donde la equidad llegue a las maquilas, a los órganos de decisión de las empresas y a los círculos políticos más cerrados.

Irónicamente, estamos a 25 años de distancia de que México formara parte de la “Plataforma de Acción de Beijing”. Este texto, resultado de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en 1995 en China, representa el compromiso de 189 gobiernos del mundo por lograr la igualdad de género y el respeto a los derechos humanos de mujeres y niñas de todo el mundo. A través de 12 líneas de acción se buscó disminuir las barreras que impiden que las mujeres avancen. Una de estas líneas es “el ejercicio del poder y la adopción de decisiones” y por ello es imperante hacer un balance puntual del panorama que vive actualmente nuestro país en materia de igualdad de género en el plano político electoral rumbo a las elecciones más grandes en la historia de México, las intermedias del 2021, donde se disputarán más de 3 mil 500 cargos.

El próximo año elegiremos 500 diputados federales y a los titulares de15 gubernaturas, así como congresos locales y presidencias municipales. Prácticamente habrá comicios en todo el país por lo que las elecciones del 2021 serán las más grandes de nuestra historia, no solo por el número de cargos que van a estar en disputa, sino porque el INE estima 96 millones de votantes potenciales, lo que significa 6 millones más que en las elecciones del 2018.

En este punto es indispensable hacer un poco de historia. Remitámonos al año de 1993, cuando nuestro país vio materializada la primera reforma de género al sistema electoral. El entonces vigente Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, COFIPE, instauró una disposición que tímidamente invitaba al sistema de partidos a promover la participación política de las mujeres. Como era de esperarse los resultados fueron casi nulos, por lo que tuvieron que pasar tres años más para que en 1996 ingresáramos a la era de las cuotas legislativas. En aquel año se inició con una modificación al articulado del COFIPE que pedía una cifra de 70% de legisladores de un género; un flechazo normativo que fracasó en su implementación, ya que no había sanciones para quienes dejaran sin efecto este requerimiento. Posteriormente pasamos en el 2002 a una cuota de género del 70% - 30%, pero en esta ocasión con las necesarias sanciones por el incumplimiento de la normatividad. En 2008 fuimos testigos de cómo se movía la balanza hasta llegar al 60% - 40% pero siempre con un candado, en esta ocasión, exentando a las candidaturas que resultaran de un proceso democrático que resultaban, por supuesto, ser la mayoría.

La ráfaga reformadora no llegó sino hasta 2014, cuando la constitucionalidad del principio de paridad de género llevó al congreso a la obligación de postular 50% de las candidaturas de un género y el 50% del otro.

El más reciente paso lo dimos en 2019 con la aprobación de la reforma constitucional conocida como “Paridad en Todo” que estipula en nuestra carta magna la obligación de respetar este principio en los tres niveles de gobierno. Se garantiza, al menos en la letra, la paridad entre los géneros en la integración del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en los distintos órdenes de gobierno y en los organismos autónomos.

Lo anterior en automático vinculó a las entidades federativas a realizar la armonización legislativa pertinente. ¿Cómo transita este proceso parlamentario? además, tras esta cronología legislativa la pregunta es: ¿tienen las autoridades administrativas y jurisdiccionales las herramientas para garantizar justicia electoral eficaz en este aspecto?

Actualmente, la Cámara de Diputados cuenta con un 48.2% de mujeres mientras que el Senado de la República está integrado por un porcentaje de 49.2% mujeres. Además, en los congresos locales también se respeta la integración paritaria. Sin embargo, el foco rojo son las presidencias municipales, ya que el porcentaje de mujeres que actualmente encabezan un gobierno de este rango es del 27%. Con cifras tan poco alentadoras, no es difícil imaginar cómo estaremos transitando en materia de paridad de género en regidurías y sindicaturas.

Un dato más para concluir. En plena época de integración paritaria en los congresos locales, únicamente se han armonizado poco más de 20 legislaciones locales, 23 para ser exactos. Algunos de los estados que ya realizaron su armonización legislativa en materia de paridad y violencia política contra las mujeres son Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Querétaro. Los estados que recientemente nos dieron la noticia de reformas en esta materia fueron Puebla y Yucatán. ¿Y los demás, cuándo? Porque estamos muy cerca de iniciar tiempos electorales en septiembre próximo.

Garantizar la participación plena de las mujeres en la toma de decisiones y la igualdad de oportunidades en la vida política de nuestro país, es indispensable para avanzar a una democracia genuinamente representativa.

Es hora de que la igualdad político electoral en un país que más de 127 millones de personas habitamos, deje de ser utopía y empiece a transitar hacia la tangible realidad. No olvidemos que la igualdad de género es una visión compartida de justicia social y derechos humanos y es un elemento indispensable para garantizar el estado de derecho.

Twitter: @CLAUDIAIVETT