Hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se encarga de hacer trizas su lema de: Justicia pronta y expedita’’. Pasaron cuatro años y un mes, para que nueve integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra o mejor conocidos como Los Macheteros’’ de San Salvador Atenco, fueran liberados, más por presiones, que por evidencias jurídicas.

Pero si en el Poder Judicial de la Federación hay injusticia, retraso y malicia, no se diga en el Poder Judicial de los Estados, donde 50% de 175,995 reclusos no han sido sentenciados aún, acusados por delitos graves, que cuesta mantenerlos encerrados, aún sin probar su responsabilidad por el Ministerio Público 5,000 millones de pesos al año.

La primera sala de la Corte, determinó ayer que Óscar Hernández, Inés Rodolfo Cuéllar, Julio César Espinoza, Juan Carlos Estrada, Edgar Morales, Jorge Ordoñez, Narciso Arellano, Alejandro Pillón, Román Ordoñez y sus dirigentes, Ignacio del Valle Medina, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, fueron vistos por la diosa de la justicia Temis’’.

Algunos de ellos sentenciados a más de un centenar de años y otros a no menos de 50. Así es la justicia mexicana. Pero la buena es que América del Valle, hija de Ignacio del Valle condenado a 112 años, podrá respirar tranquila, después que pidiera asilo político a Venezuela y su singular presidente Hugo Chávez. Todo por oponerse a la construcción de un nuevo aeropuerto y defender causas de la naturaleza.

Pero claro, como a ellos las Comisiones de Derechos Humanos Nacionales, esas que tipifico el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont como tontos útiles’’ para el crimen organizado, más las internacionales y alguno que otro Premio Nobel, no han salido a defender 175,995 que cometieron delitos menores’’ y a los cuales solo 59% de ellos.

En el rango federal o delitos calificados como graves, tampoco los impartidores de justicia pronta y expedita cantan mal las ranches, porque de acuerdo con el estudio del Comité del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) al frente de Daniel Ávila Ruiz entregado a la Cámara de Diputados, de los 44,962 reos, sólo 50% ha sido sentenciado.

Como se ve la justicia mexicana camina a paso de tortuga, en lugar de una libre, como debiera ser. ¿Cómo hacer? Que se llegue a confiar en la justicia cuando las cifras del CESOP exponen la persistencia de las injusticias.

COMMODATO

A 96 horas de los comicios electorales en 14 estados, donde se elegirán 12 vividores Gobernadores, 1,309 Alcaldes, 294 diputados locales de mayoría y 189 plurinominales, Arely Gómez quien estaba al frente de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) renunció al cargo.

Claro que no pasará nada, porque a fin de cuentas la Fepade es como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y las restantes 32 en todo el país. Sólo están facultadas para hacer sonar las campanas, pero no para obligar a la feligresía votante o gobierno alguno de cualquier nivel e incluso institución alguna a que sean tomados en serio’’.

Así que los votantes que harán caso a Gómez Mont, que el sufragio es más fuerte que las balas’’, saltarán éste domingo a las urnas de Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, pese a la salida de la fiscal, Arely Gómez.