La justicia administrativa se encuentra relegada, carece de recursos y capacidades, pese a ser la encargada de castigar la corrupción y el guardián en última instancia del Estado de Derecho.

La reforma judicial implica el rediseño de “todo el sistema de impartición de justicia”, es un largo camino, perpetuo y constante, comprende una multiplicidad de temas, dos de ellos requieren atención extraurgente: i) completar plenitud a la reforma laboral y ii) atender a la justicia administrativa (JA), el patito feo de la justicia mexicana. Se encuentra al borde de un ataque de nervios, paralizada y sin revulsivos.

La JA se encarga de juzgar los actos de las autoridades federales, estatales y municipales, impone los límites al Estado y a los funcionarios públicos en las relaciones con los particulares, lo mismo conoce de una multa de tránsito que, de una concesión multimillonaria, penosamente, se ha convertido en el refugio de los amigos de los gobernantes y en el custodio de jugosos negocios.

Su base constitucional (art. 116, fracciones III y V) no logra estandarizar a los tribunales administrativos y menos conferirles autonomía, la negociación del presupuesto los deja a merced de los gobernadores y las fracciones parlamentarias, todos sabemos que amor con amor se paga.

La idoneidad de los magistrados administrativos es un tema que hay que trabajar y mucho, no cuentan con las capacidades y la preparación adecuada. Para muestra un botón, en el expediente 8119/18-17-07-1 la magistrada María Teresa Olmos Jasso resuelve con argumentos vertidos de forma extemporánea, más allá de la ciencia jurídica, resulta lógico que si no se contesta en tiempo y forma, precluye ese derecho, un pasante lo hubiera hecho mejor, ofende la ignorancia y falta de oficio de la magistrada, pues ni siquiera razona tan descabellada decisión, para completar el absurdo, dicha determinación fue avalada por dos eruditos magistrados más, María Isabel Gómez Muñoz y Miguel Toledo Jimeno, contra la ignorancia no hay defensa.

Para mejorar la calidad de la justicia administrativa, hay que avanzar en la autonomía financiera, elaborar en un código único, mejorar la idoneidad y preparación de los magistrados y reformar ley general de responsabilidades, sin olvidar la profesionalización de los integrantes de los tribunales.

Querido lector, la materia administrativa es basta y compleja, con magistrados y personal sin idoneidad y capacidades, cualquier reforma está destinada al fracaso, tan clarito como el agua.

Twitter: @ErosalesA

Eliseo Rosales Ávalos

Abogado

Los mismos de siempre

Politólogo y abogado, académico, columnista, presidente de ciudadanos sin partido y orgulloso mexicano.