Empresarios mexicanos, permisionarios de casinos, se encuentran en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, para la IV Cumbre Americana del Juego, la cual congrega a los reguladores y autoridades del sector, de países como México, España, Brasil, República Dominicana, Perú, Paraguay, entre otros.

La delegación mexicana está encabezada por Luis Felipe Cangas, director general de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación. También van Miguel Ángel Ochoa y Alfonso Pérez Lizaur, dirigentes de las dos asociaciones que representan a una industria conformada actualmente por más de 300 salas de apuestas, además de fabricantes y proveedores que tienen 40,000 empleados directos y generan más 5,000 millones de pesos al Estado mexicano, vía impuestos, derechos y aprovechamientos.

A nivel hemisférico, la regulación del juego, su internacionalización y reconocimiento, la innovación en las máquinas y sistemas de seguridad, la homologación de mecanismos e instrumentos de juego así como el modelo fiscal y financiero en la región son los temas prioritarios.

En México, el atorón legislativo afectó la nueva Ley de Juegos y Sorteos Responsables, que lleva en la congeladora la friolera de ¡27 meses! Antes hubo un intenso proceso de consultas en la Cámara de Diputados, que a menudo se vio dilatado por la pertinaz postura de la entonces titular del área, Marcela González Salas y Petriccoli. En el trayecto a la colegisladora surgió la oposición de un sector de los hoteleros para que los casinos se expandan en los centros de playa. Sus gestiones ante las secretarías de Turismo y Economía dieron un giro al cabildero legislativo.

Desde diciembre del 2014, la nueva ley espera ser procesada por el Senado de la República. Y desde entonces, poco a poco, han vuelto a ser abiertos nuevos centros casineros. Los empresarios del ramo apelan al imperio del Estado de Derecho para garantizar el respeto a sus inversiones y fuentes de empleo. Y en épocas de restricciones presupuestales, los gobiernos estatales y municipales han focalizado algunos de sus esfuerzos recaudatorios en esta boyante industria. Además de los impuestos a los concesionarios y operadores, ahora quieren gravar las ganancias de los apostadores.

¿Despedida, para Luis Felipe Cangas? En el Palacio de Cobián están por tramitar un relevo en la cúpula de la Dirección General de Juegos y Sorteos, a la que llegará un funcionario de notorio rigor y probidad, que ya superó los exámenes de control y confianza.

A Cartagena de Indias van los directivos de firmas globales de la talla de Gaming Laboratories International (GLI), de James Maida; Codere, de José A. Martínez Sampedro, quien justo esta semana cerró la compra de 100% de Caliente; Zitro, de James Boje; CIRSA, de Joaquim Agut; EIBE, de Helio Bueno; Palacio de los Números, de Óscar Paredes; y Bemex-Metronia, de Adolfo de los Ríos. Además, destaca la poderosa UNI Global Unión, de Daniel Amoroso, entidad que agrupa a más de 20 millones de trabajadores alrededor del mundo, así como el misterio de si asistirá o no Jorge Hank Rhon, empresario que, a pesar de vender sus salas de apuesta, se sabe, lleva en el corazón el juego y las apuestas.

EFECTOS SECUNDARIOS

ACATAMIENTO. Este mediodía, en San Lázaro, los diputados federales resolverán una adición a la Ley de Aviación que protegerá los derechos de los 220,000 mexicanos que diariamente circulan por las terminales aéreas. En caso de aprobarse esta reforma, impulsada por el panista Federico Döring y el priista Jorge Carlos Ramírez Marín, los pasajeros recibirán una compensación cuando sus vuelos se retrasen por causas imputables a las líneas aéreas.

CONECTADOS. ¿Además de las aportaciones que les procuraba Edgar Veytia, qué tienen en común los mandatarios de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, y de Nayarit, Roberto Sandoval? Los servicios del publicista mexicalense Memo Rentería, quien habría estado a cargo de la imagen de el Diablo, si el PRI hubiera accedido a los deseos del mandatario nayarita, para que fuera su sucesor.

La campaña por la gubernatura nayarita, inevitablemente, quedó marcada por la detención del exfiscal.

PREOCUPANTES. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), encabezado por Juan Pablo Castañón, reportó a finales de marzo que en países con altos niveles de corrupción la inversión es hasta 5% menor, y, de acuerdo con organizaciones como el Foro Económico Mundial y el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, la corrupción oscila entre 2 y 10% del PIB nacional. Por otra parte, Transparencia Mexicana estima que se dedica 14% del ingreso promedio anual a pagos extraoficiales. En México, la corrupción en municipios afecta directamente a quienes buscan realizar los trámites y conseguir los permisos para iniciar o expandir un negocio; permisos de construcción, licencias de operación, licencias de protección civil, por citar algunos ejemplos. En pocas palabras, la corrupción municipal sale cara y desalienta la inversión. ¿Dónde están organizaciones como la Asociación de Municipios de México, presidida por el panista Enrique Vargas del Villar, alcalde de Huixquilucan, o la Asociación de Autoridades Locales de México, encabezada por el aliancista José Ramón Enríquez Herrera, presidente municipal de Durango?

[email protected]