Mucho se ha hablado del acoso laboral pero poco se había dicho hasta ahora de la violación generalizada a los derechos laborales que implican las jornadas de trabajo en la Administración Pública Federal (APF). Por ello, es loable que en el Plan 50 y declaraciones del próximo gobierno se trate este tema. Llama la atención, sin embargo, que el problema se mire desde la lente de la austeridad y no desde el derecho laboral o los derechos humanos, como si el servicio público fuera sólo fuente de dispendio y pantano de ineficiencia.

Muy necesario es recortar, o eliminar, la propaganda oficial a menudo plagada de mentiras; acabar con dispendios como volar en helicóptero en la ciudad para evitar el tráfico, sancionar los abusos de quienes creen que el personal es esclavo al que igual le piden pasear al perro que recoger a los hijos o comprarle regalos a la amante, casos extremos pero reales. Eliminar el dispendio y la corrupción nos beneficiará a todos.

Hay, sin embargo, algo, igual o más básico, que tomar en cuenta: los horarios de trabajo. Si se quiere beneficiar a muchos, es preciso regular la jornada de toda la administración pública. Pasar de la ficticia jornada de 40 horas a otra de 48, para personal de confianza, como se ha propuesto, es un retroceso que afectará el derecho al equilibrio entre la vida familiar y personal de quienes estén sujetos a este régimen, sin mejorar necesariamente la calidad del trabajo. Va además contra la tendencia a disminuir el tiempo de trabajo en países con servicio público eficiente como Francia.

Si se busca reorganizar la jornada laboral para promover la eficiencia y la excelencia, cabría empezar por establecer un horario razonable a todos los niveles, que permita cumplir con la función pública y con otros objetivos que supuestamente importan al futuro gobierno, como la igualdad de género y el bienestar de la población.

En efecto, aunque el gobierno actual se ha pronunciado a favor de la igualdad, y hasta incluyó la perspectiva de género en el Plan Nacional de Desarrollo, en los hechos ha contribuido a perpetuar los estereotipos de género, el techo de cristal para empleadas y profesionistas, y los daños a la salud, al someter al personal de la APF a jornadas prolongadas y caprichosas, por no hablar de la tolerancia al acoso y al maltrato a mujeres y hombres en sus oficinas.

Pregúntese, por ejemplo, a una directora general, a un jefe de departamento, a un archivista, a una abogada que trabaje en la SCJN, el INE, la SRE o un Instituto de las Mujeres estatal, cuál es su horario de trabajo. Las respuestas varían poco: “Entramos a las 9 pero igual salimos a las 9 que a medianoche”, “no hay hora de salida”, “depende de la jefa”, “cuando el jefe se va (...) y como no le gusta llegar a su casa”. Pregúnteseles cuánto tiempo tardan de su casa al trabajo: de dos a tres horas en el transporte público o en auto. Algunas mujeres cuentan con quien las recoja de noche, otras se arriesgan en el transporte público o gastan en taxi. Así, quien sale a las 9 de la noche, con suerte llega a su casa a las 11, y se levanta a las 6 para reemprender su rutina, que puede incluir, no lo olvidemos, familia o pareja, por no hablar de ejercicio, estudio, emergencias.

Si estos horarios fueran excepcionales, tal vez el “sacrificio” podría justificarse y en todo caso debería compensarse con pago extra. Pero para muchos éste es su ritmo diario. ¿Es esto razonable? ¿Sano? ¿Corresponde al “trabajo decente” que debe garantizar la Ley Federal del Trabajo (LFT)? ¿Es eficiente?

Si en los años 90 se reguló la jornada laboral para ahorrar energía, ¿el bienestar y los derechos laborales no serían hoy razón suficiente para respetar la LFT y la Constitución y establecer, para toda la APF, jornadas de ocho horas con una hora para comer, cinco días a la semana?

El cambio no sólo beneficiaría a este sector, mejoraría el ambiente laboral y la salud, favorecería la convivencia familiar o comunitaria, crearía condiciones reales para promover la igualdad de género en el trabajo y en la casa.

lucia.melgar@gmail.com

Lucía Melgar

Crítica cultural

Transmutaciones

Es profesora de literatura y género y crítica cultural. Doctora en literatura hispanoamericana por la Universidad de Chicago (1996), con maestría en historia por la misma Universidad (1988) y licenciatura en ciencias sociales (ITAM, 1986).